La Profepa carece de dientes para proteger al Medio Ambiente.
Sectores oficiales, académicos y legislativos consideran que, tras 17 años de existencia, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) carece de ley orgánica propia y de facultades claras para aplicar justicia ambiental; es una oficina inocua que no cumple con su labor de preservar los recursos naturales y biológicos del país.
Tal realidad hace que México, de acuerdo a ONGs ambientales, sólo castigue el 2% de los delitos ambientales que se presentan en el territorio nacional, situación nada halagüeña, ya que el estándar mundial es del 5%, y que, por el contrario, permita que esas actividades ilícitas dejen ganancias multimillonarias a quienes infringen leyes que protegen a ecosistemas.
Samuel Ibarra, gerente de Asuntos Públicos y Regulatorios de AgroBioMéxico, señaló a Mi Ambiente que se puede hablar de un atraso en justicia ambiental al sólo contar con 6 fiscalías ambientales y 14 procuradurías ambientales estatales, en 32 secretarías ambientales estatales y una federal. “En pocas palabras, no es nada en materia de organismos que persigan estos delitos”, enfatizó.
Explicó lo anterior al participar en la GreenExpo, donde indicó que se justificarían pocas fiscalías ambientales de no estar esa clase de delitos tipificados, pero si lo están en 29 de las 32 entidades lo que hace necesaria la obligación de contar con agencias de atención a los crímenes ambientales, lo cual no pasa, lamentó.
Señaló que esto también es un asunto que le compete a la ciudadanía, ya que entre los requerimientos que deben establecerse está difundir estos delitos por parte del gobierno, la academia e inquietud de particulares para no esperar que le den todo en la mano y sepa que no debe romper la ley ambiental.
Apuntó que en materia de justicia ambiental deben distinguirse tres conceptos: la justicia ambiental penal, administrativa y civil. La última se enmarca en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental (LGEEPA) que atiende sus quejas y da resultados; en lo administrativo, hay leyes y marcos jurídicos que dejan trunca su aplicación, lo que deriva en corrupción, y en lo penal, existen lineamientos de política criminal ambiental con seis fiscalías en México, entre las que destacan las del DF, Campeche y Michoacán.
Para los penalistas de la GreenExpo, uno de los problemas es la falta de homogenización de estándares sobre qué es un delito ambiental y hasta definir en la ley qué se entiende por un árbol, para definir cuándo se trasgrede la ley en este sector, lo que redunda en que mucha gente no sabe cuándo se comete un delito ambiental al no saberlo definir y que agrave el problema de la falta de capacidad de asombro en ecocidios que se cometen de forma constante.
Ejemplo de lo anterior es que en México no existe homogenización en temas como los decibeles, cantidad de emisiones, vibraciones por construcciones y uso de energía. Existan cosas tan raras como en Colima donde se castiga la electromagnética y en Chihuahua se tipifiquen los gases humanos, sin definir a qué tipo de gases se refieren.
Entre algunos aspectos que trabajan otras dependencias oficiales está el estudio de lineamientos sobre una política criminal ambiental en México, editada por la Procuraduría General de la República (PGR) que busca entender la actuación de la autoridad en delitos de esta índole.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez, vicecoordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, expuso a Mi Ambiente que si bien hays reglamentos en delitos ambientales, se tienen debilidades y se es endeble con sólo 6 fiscalías a nivel nacional; por ello, la necesidad de que este año se presente, discuta y aprueba la nueva ley orgánica de la Profepa, la cual se analiza en comisiones.
Dijo que “tenemos un año de trabajo en esta iniciativa y estamos a tiempo de aprobarla este año con la ventaja que da que la Profepa ya tenga 17 años de existencia y podamos dotarla de dientes para una correcta actuación de la misma”.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROFEPA
Julia Carabias, catedrática de la UNAM y extitular de la Semarnat, señaló que en México existen atrasos ambientales como la aplicación de los regímenes oficiales en el sector lo cual frena una correcta conservación biodiversa.
Dijo que “falta sinergia de instituciones de gobierno como son las Secretarías de Medio Ambiente (Semarnat), Agricultura (Sagarpa) y de Ordenamiento Territorial (Sedatu), entre otras, y que se tenga un serio problema de incumplimiento de la ley ambiental, ya que la capacidad de Profepa está rebasada y debe ser reconfigurada con nuevos esquemas como establecer un consejo ciudadano que es vital en los trabajos de organismos como la Comisión de Áreas Naturales (Conanp).
SCJN A FAVOR DE UN REAL DERECHO AMBIENTAL
Ante este panorama reinante, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Guillermo Ortiz Mayagoitia, alertó que cuando hay daños ambientales y afectación al ecosistema “no hay apelación o recurso jurídico que valga”, por lo que esos perjuicios deben prevenirse, ya que el derecho al Medio Ambiente es una exigencia ética del cuidado de bienes públicos y «expresa la preocupación por el otro: por quien ya está y por quien nos seguirá».
CORTE INTERNACIONAL PARA DELITOS AMBIENTALES
El Parlamento de la Unión Europea que se distingue por hacer los cambios legislativos de primer orden que, posteriormente son replicados en todo el mundo, tiene entre sus planes de trabajo establecer una jurisdicción universal para los delitos ambientales que se puedan calificar de graves y que sean comparados con los delitos de lesa humanidad.
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