La devastación del manglar Tajamar en Cancún evidencia nuevamente la visión cortoplacista del gobierno mexicano que celebra las inversiones privadas sin tomar en cuenta que las ganancias son nulas, en comparación con lo que se gasta cada año por la pérdida de recursos naturales, haciendo al país más vulnerable ante los impactos relacionados con el cambio climático, señaló la organización ambientalista Greenpeace.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, en 2014 el costo económico por daños ambientales fue de 910 mil 906 millones de pesos, de los cuales el 83.5% corresponden a la degradación ambiental y el 16.5% al agotamiento de recursos naturales. Esa cantidad representa 446.5 veces más que el total de la venta de los terrenos del manglar Tajamar por los cuales el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibió solo dos mil 40 millones de pesos.
Miguel Rivas, campañista de Océanos de la organización ambientalista, dijo que “se trata de aritmética básica. El gobierno mexicano gasta más en prevenir o remediar la degradación ambiental que las supuestas ganancias que obtiene de la comercialización de terrenos y que al final, representan pérdidas para el país y sólo un beneficio económico para los desarrolladores y las inmobiliarias”.
Estudios reconocidos por la Comisión Nacional para el Uso de la Biodiversidad (Conabio) señalan que el valor de los servicios proveniente de los manglares es millonario. Se estima que los manglares producen alrededor de 37 mil 500 dólares por hectárea cada año para las pesquerías; 6 mil 700 dólares por servicios sanitarios -aunque en México esa cifra llegaría hasta 200 mil dólares en algunas ciudades del país-; mientras que la protección que ofrecen a las costas de las tormentas, ciclones y tsunamis se contabiliza en alrededor de tres mil dólares por hectárea.
Añadió que “la devastación de 57 hectáreas del manglar Tajamar se cometió bajo el amparo de un marco legal obsoleto que solo incrementó la vulnerabilidad de las costas de Cancún ante los impactos de un fenómeno meteorológico extremo, a los cuales también están expuestos los desarrolladores e inmobiliarias”.
La destrucción ambiental es un mal negocio; es ridículo que Fonatur pretenda justificar el ecocidio en Tajamar hablando de las supuestas ventajas económicas que tendrá el desarrollo inmobiliario y pase por alto los costos por externalidades que trae consigo la degradación ambiental. Tal parece que las autoridades desconocen el valor que tiene este ecosistema, lamentó.
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