La política energética de México está en proceso de cambio, rumbo a las renovables, limpias o verdes por tres factores: alta dependencia de los hidrocarburos, constante agotamiento de las reservas de petróleo y necesidad de diversificar las fuentes de generación. La meta gubernamental es que 26 por ciento de la producción de electricidad provenga del sol, viento, agua y calor interior de la tierra, para el 2016.
En el territorio hay condiciones climáticas y geográficas idóneas para el desarrollo de las energías renovables; se encuentran repartidos recursos solares, eólicos, hídricos y geotérmicos que, aprovechados de manera integral, permitirían disminuir la dependencia del petróleo, gas y carbón, que en la energía primaria es del 90 por ciento.
La Secretaría de Energía (SENER) refiere que México, junto con Brasil, es uno de los mercados de América Latina con mayor potencial para las energías limpias. Pero la alta dependencia de los hidrocarburos y la aún escasa participación privada en el panorama eléctrico, porque la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la única empresa pública que constitucionalmente puede transmitir y general electricidad, frena el impulso que el gobierno pretende dar a la diversificación.
Sólo 22.43 por ciento del total de la capacidad instalada en el país corresponde a 21 centrales construidas por inversionistas privados; la mayoría son de ciclo combinado.
Si bien el Presidente Felipe Calderón insiste en la estrategia de hacer de México un país sustentable en la producción de energía eléctrica, los resultados de su gestión son mínimos.
El Quinto Informe de Gobierno indica sobre la generación de energía que la nuclear pasó de 2.6 por ciento en 2007 a 2.7 por ciento en 2011; en el rubro de otras energías el porcentaje bajó de 2.0 a 1.9; la hidráulica se movió de 21.7 a 21.9; en tanto que la de hidrocarburos y carbón cambió de 74.0 y 73.5 por ciento. Lo anterior da un avance de 0.5 por ciento en las energías no fósiles.
Para tratar de aminorar la dependencia de los recursos fósiles y lograr la sustentabilidad, el gobierno federal aplica la estrategia de abrir las puertas sin restricciones a empresas privadas extranjeras para que inviertan. Esto, hay quien afirma, lleva a privatizar la electricidad que generen agua, viento y sol.
Hay proyectos de pequeñas obras hidráulicas –mini hidroeléctricas- para aprovechar el agua de ríos, arroyos y lagunas y generar hasta 30 megawatts -como lo contempla la Ley de Energías Renovables aprobada en 2008-. En este momento operan 25 proyectos y más de 100 están previstos.
Para los parques eólicos, las empresas ocupan miles de hectáreas ejidales y comunales en varios estados bajo la modalidad de arrendamiento. Esta fuente de energía es la más avanzada en México, la que presenta mayores posibilidades de desarrollo y en la que hay las mayores inversiones privadas.
El aprovechamiento de la radiación solar -aunque únicamente existen dos pequeños proyectos a ejecutarse en Sonora y Aguascalientes- quedó incluido en la citada ley de 2008, para que sin impedimentos de orden jurídico las empresas foráneas obtengan autorización y exploten esa fuente de energía.
Aunque que las energías renovables son la alternativa más viable para frenar el deterioro del Medio Ambiente a causa de la contaminación, hay posturas encontradas sobre sus beneficios.
Héctor Mayagoitia Domínguez, coordinador del Programa Ambiental del Instituto Politécnico Nacional (IPN), ex director de esa institución de educación superior y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), estima que el origen del dinero no es relevante si permite atender los requerimientos de inversión. Pero admite, sin embargo, que seguramente las empresas que financian los proyectos de energía renovable van a exigir al gobierno, en su momento, tarifas preferenciales para la electricidad que generen a efecto de que tengan un incentivo. Es decir, utilidades.
David Bahen, doctor en Astrofísica, ex dirigente de la Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) y miembro del Frente de Trabajadores de Energía (FTE) de México, es tajante: para las empresas privadas extranjeras las energías llamadas limpias es un negocio. No les interesa el servicio público de energía eléctrica ni que haya accesibilidad; lo que buscan son ganancias descomunales y el gobierno les está dando todas las facilidades. El costo de la privatización, vaticina, lo pagarán los consumidores.
El empresario Carlos Gottfried, presidente de Potencia Industrial y presidente fundador de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMEE), niega que los inversionistas aspiren a tarifas preferentes o a subsidios. La energía del viento es competitiva frente a cualquiera y con la tarifa actual –la que cobra la CFE- pueden crecer. Planean pasar de 1-2 por ciento a la meta de 10-12 por ciento en la generación de energía, para lo cual requieren contar con mayor capacidad en líneas de transmisión y que el Tribunal Agrario y la Procuraduría Agraria respeten los contratos de arrendamiento firmados con los dueños de las tierras donde se asientan los parques eólicos, para que haya certidumbre.
Afirma que el modelo mixto que se aplica actualmente en la producción de electricidad impide que haya privatización. La CFE licita los proyectos renovables e invierte a largo plazo en la transmisión y participa como productor independiente; el sector privado financia la construcción de infraestructura y se encarga de la operatividad de los parques.
- Se pronostica que en 12 años las reservas probadas de hidrocarburos llegarán a su límite.
- Generar electricidad con alta dependencia del petróleo, gas y carbón, será económicamente insostenible.
- Explotar en conjunto todas las energías conocidas: hidráulica, eólica, solar, nuclear, geotérmica y fósiles, llevará a liberar los recursos hidrocarburos.
- México cuenta en todo el territorio con condiciones naturales para generar electricidad de manera sustentable.
- Hay centros de investigación de alta calidad para generar e innovar la tecnología que el país necesite.
Fuente: Coordinación del Programa Ambiental del IPN
Ampliar la infraestructura y, en consecuencia, aumentar la capacidad de generación de energía eléctrica limpia es difícil, porque construir mini hidroeléctricas en el país implica contar con un sinnúmero de permisos.
Por ejemplo, hay que obtener de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el resolutivo del estudio de impacto ambiental, que implica inversiones importantes que muchas veces se pierden o están en riesgo, ya que la secretaría suele autorizar a más de una empresa. r
Fuente: Corporación Mexicana de Hidroelectricidad.
En 2010, México registró una capacidad instalada en operación de 519 Megawats (MW) de energía eólica, cifra que en 2011 se duplicará y se multiplicará por cinco en los próximos cinco años. En 2006 apenas se produjeron 3 MW.
Como resultado del interés de las empresas por aprovechar el viento –producir un MW requiere 2 millones de dólares-, entre 2006 y 2010 se canalizaron 1038 millones de dólares; al cierre de 2011 se acumula una cantidad igual para sumar 2,076 y se contempla llegar a 5000 millones en el mediano plazo.
En el presente hay proyectos en construcción que aportarán 500 MW adicionales a finales de 2012 y ese mismo año inician construcción parques que producirán 1000 MW; la meta es cerrar el 2014 con 2500 MW ya en operación.
En Oaxaca hay seis proyectos en operación con capacidad de 508 MW y 19 más están por desarrollarse. Otras entidades prometedoras con potencial eólico son Baja California, Bahía de Campeche en el Golfo de México y Tamaulipas.
Fuente: Asociación Mexicana de Energía Eólica, A.C.
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