Greenpeace presentó ante la Comisión Federal para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios (Cofepris) una denuncia sanitaria por la presencia en cuerpos de agua del estado de Sinaloa y la Península de Yucatán, de siete plaguicidas altamente peligrosos: Endosulfán, Mevinfos, Metil paratión, Diazinon, Clorpirifos, Metoxicloro y Lindano.
El denunciado es la misma Cofepris por otorgar la autorización para el uso de dichos plaguicidas, entre los cuales se encuentran algunos prohibidos en otros países y el Endrín, que incluso se encuentra prohibido en México.
Desde 2015, Greenpeace ha realizado diversas investigaciones junto con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y la Unidad de Análisis Ambiental de la Facultad de Ciencias de la UNAM encontrando evidencia en de ríos, drenes, lagunas, y mar en Sinaloa así como con el Instituto EPOMEX de la Universidad Autónoma de Campeche, en ríos, laguna y cenotes de la Península de Yucatán con la presencia de diversos plaguicidas. Estos hechos fueron expuestos públicamente desde 2016 y hasta el momento las autoridades de Cofepris no han tomado medidas.
“Rocío Alatorre, comisionada de Evidencia y manejo de riesgos de la Cofepris, responsable de autorizar el uso de estas sustancias, no ha mostrado voluntad política para atender el problema de la mala gestión de plaguicidas que existe en México, por ello exigimos que esta denuncia sanitaria sea atendida sin demora dados los impactos que este tipo de sustancias pueden tener en el medio ambiente y en las personas”, señaló Sandra Laso, coordinadora de la campaña Comida Sana, Tierra Sana, de Greenpeace México.
“Tras la manifestación de Greenpeace el pasado 12 de julio en instalaciones de la Cofepris y la reunión con representantes del equipo de normatividad y del apartado Jurídico Consultivo de la instancia, en la que demandaron evidencias, hemos presentado la denuncia sanitaria donde se advierten los impactos en el medio ambiente y los riesgos a la salud -tal como solicitaron- para tener justificación para tomar medidas en el asunto. Ahora no hay pretexto para no actuar”, abundó Laso.
No podemos demorarnos más en mejorar la normatividad de plaguicidas y asegurarnos de su efectiva aplicación porque estamos hablando de contaminación de recursos hídricos, con compuestos altamente peligrosos para los ecosistemas acuáticos, algunos de ellos generan bioacumulación en mamíferos, afectaciones subletales y letales para las abejas, y la contaminación de productos de la colmena como la miel y la cera. Es urgente actualizar el catálogo oficial de plaguicidas permitidos y eliminar inmediatamente aquellos que han sido prohibidos en la comunidad internacional por su peligrosidad, así como incentivar la transición hacia técnicas ecológicas para el manejo integrado de plagas.
Además de los siete plaguicidas altamente peligrosos, se hallaron otros plaguicidas organoclorados, que permanecen en el medio ambiente por mucho tiempo, y plaguicidas organofosforados que son altamente tóxicos, así como el glifosato que fue catalogado en 2015 como probable carcinogénico por la Agencia de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud.
Esta denuncia sanitaria se suma a la queja interpuesta por esta ONG ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) debido a diversas violaciones de derechos humanos cometidas por varias autoridades del Poder Ejecutivo federal como son la Secretaría de Agricultura, la de Medio ambiente y la de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
La queja ante la CNDH, que puede ser presentada además por todo ciudadano interesado señala la inexistencia de una normatividad nacional en materia de Límites Máximos de Residuos (LMR) de plaguicidas en alimentos, lo que afecta el goce del derecho a la alimentación, a la salud y derechos de los consumidores, toda vez que la inocuidad en los alimentos es componente del derecho a la alimentación que el Estado mexicano debe de garantizar y advierte que la ausencia de definiciones de PAP tiene como implicación que esta clase de plaguicidas se encuentran con registros vigentes en México, por lo que se solicitan medidas cautelares al respecto.
Como medidas cautelares Greenpeace pide a la CNDH que exija a las autoridades denunciadas inmediata revisión de los plaguicidas con registro vigente y empleados en el país a fin de identificar aquéllos que sean plaguicidas altamente peligrosos.
También pide a esta instancia proceder por la inexistencia de legislación y políticas en materia de plaguicidas altamente peligrosos (PAP) en México lo que atenta contra los derechos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la información y participación ciudadana, puesto que al no haber definición de PAP tampoco existen las condiciones mínimas para emprender esfuerzos a fin de identificar, buscar estrategias de implementación del principio de sustitución, buscar alternativas y/o eliminar a los PAP en aplicación del principio precautorio.
En su momento la CNDH debe emitir Recomendación a las autoridades denunciadas para que lleven a cabo los actos tendientes a garantizar los derechos de los ciudadanos mexicanos relativos a la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, a la información y participación ciudadana.
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