La Coordinadora Nacional Agua para todos, agua para la vida, conformada por diversas organizaciones civiles, anunció el lanzamiento de la última etapa de la campaña de firmas nacional para presentar la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), que propone soluciones a la crisis del agua y finalizar con la impunidad en el sector hídrico que priva en México desde 1989, cuando se hizo responsable a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de las aguas nacionales.
La ICLGA ha sido elaborada desde 2012 por comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles las cuales buscan que la discusión de esta Iniciativa sea obligatoria en el Congreso una vez se alcancen las más de 104 mil firmas requeridas por ley. Representantes de los citados sectores presentaron la Iniciativa en el Club de Periodistas e informaron que hasta ahora se han juntado cerca de 90 mil firmas.
La Iniciativa tiene como ejes poner fin a la corrupción en el sector, garantizar acceso a agua de calidad para tod@s como prioridad nacional; para ecosistemas y para la soberanía alimentaria; poner fin a la contaminación, a la destrucción de cuencas y acuíferos y a la vulnerabilidad prevenible a sequías, inundaciones y al cambio climático en general.
Las firmas y la Iniciativa Ciudadana serán presentadas al Congreso de la Unión, en la fecha que determine el 3er Congreso Nacional de la Coordinara Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, a celebrarse el 22 y 23 de octubre en Xalapa, Veracru. En éste participarán comunidades, ejidos, sindicatos, sistemas comunitarios, universidades y organizaciones civiles y ciudadanos en general.
La Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas busca la planeación consensada y la contraloría ciudadana, para poner fin a la corrupción en el sector, y garantizar el acceso equitativo y sustentable al vital líquido e impedir el autoritarismo del agua. Establece en primer lugar que el agua es un bien de la nación, proveniente de la naturaleza, y que las decisiones sobre ella tendrán que ser tomadas por los pueblos y la ciudadanía en sus respectivas escalas de territorio
No permite mercantilizar el agua, ni privatizar o lucrar con su gestión. Se centra en la elaboración cogestionada, o sea ciudadana-comunitaria y gubernamental, de planes de ejecución obligatoria, vigilados por una contraloría ciudadana.
En el Congreso circula ya un borrador de Ley Conagua que mantiene la esencia de la «Ley Korenfeld» (con menos aristas visibles) que dejaría todo el control del agua en manos de la Conagua y su sistema de intereses, con retratos hablados para permitirían concesiones de aguas nacionales a usos destructivos como el fracking y minería tóxica. Lo que no se explicita en el texto de la ley estaría sujeto a un Reglamento que redactaría la propia Conagua.
Dicha institución del gobierno federal propone profundizar un modelo privatizador, extractivista y autoritario al que contraponemos un modelo ciudadano planeado y consensado que respete comunidad y naturaleza. Ante la disyuntiva entre dos modelos, invitamos a un debate por el agua.
Es grave que la iniciativa que circula Conagua no incluye los derechos de ejidos, comunidades ni pueblos originarios; no respete el carácter sustentable y equitativo del derecho al agua; ni incluye la participación ciudadana como garante del derecho humano al agua en los términos del artículo 4º Constitucional.
La Conagua busca reducir el Derecho Humano al Agua para limitar la obligación del Estado a «progresar» hacia el acceso universal a 50 litros de agua al día, a una distancia menor de 1 km con 30 minutos de traslado, e «instalaciones para eliminar excretas». Para lograr esto, promueve la apertura al capital privado para megaproyectos y sistemas municipales. Por rehusarse a promover una política fiscal progresiva, enfrentar la corrupción, y cancelar megaproyectos dañinos y suntuarios, el modelo de la Ley Conagua le apuesta a hacer posible altas tarifas y recortes a programas sociales
Todo para garantizar el pago oportuno a las corporaciones privadas nacionales y extranjeras, mediante subsidios. Al pretender desviar recursos hacia las corporaciones se viola la obligación adquirida con el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales de garantizar acceso al «máximo de los recursos disponibles para lograr el acceso progresivo al derecho humano (al agua)».
En materia de contaminación la iniciativa Conagua, abandona la supervisión y las sanciones a los contaminadores, proponiendo «evaluaciones voluntarias» en un esquema de «autorregulación», profundizando la actual crisis de impunidad. En cambio, la ICLGA tiene también como objetivo central poner fin a la contaminación provocada por diversos sectores como industrias contaminantes, minería tóxica, el fracking, agroquímicos y granjas industriales que afectan directamente a las poblaciones. Con esta Iniciativa se busca prevenir y finalizar los procesos de contaminación química en las personas y el ecosistema.
Otra disyuntiva se refiere a cómo financiar el derecho humano al agua. El recorte de 72% del Presupuesto Federal para 2017, que el Ejecutivo busca aplicar a los programas para sistemas urbanos y rurales de agua y saneamiento (de 12.6 mil millones a 3.6 mil millones) demuestra las intenciones detrás de su Iniciativa de Ley: obligar a los municipios a aceptar arreglos privatizante a toda costa.
El anuncio de esta última fase de la preparación de la Iniciativa Ciudadana fue hecho por representantes de diversos sectores de la sociedad civil entre ellos la Dra. Leticia Merino del SUSAMI, UNAM; Tomas Rojo del Tribu Yaquí; Julián Camaré López del Consejo del Pueblo Nayari; José Luis Tellez del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; Miguel Soto Treviño, Greenpeace; José Angel Rodríguez, Secretario General del SEPSIAPA de Jalisco; Julio César Cervantes de El Campo es de Tod@s; Juan Carlos Escalante, ANUEE, Eugenia Flores Hernández del Frente de Afectados por la Minería de Zacatecas, Alfonso Banderas, del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Ricardo Ovando de Sistema de Agua Potable de Tecamac y el Dr. Pedro Moctezuma del PISN UAM y de la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida.
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