En la presentación de la Alianza Mexicana contra el Fracking (rompimiento de roca para extracción de gas shale), se comentó que la Federación debe prohibir la explotación del gas shale porque violenta el derecho humano de acceso al agua, debido a que el procedimiento para su extracción requiere grandes cantidades del líquido, contamina los acuíferos y contribuye al calentamiento global.
Esto fue la denuncia presentada por diversas organizaciones ambientalistas y de investigación que integran la Alianza Mexicana Contra el Fracking. Al respecto, Beatriz Olivera, coordinadora de la campaña de cambio climático y energía de Greenpeace México, dijo que ”pese a que en el gas shale sea una de las principales apuestas del gobierno federal en la próxima Reforma Energética, no es una opción sustentable para México. La fuga de metano (CH4) en los proyectos de gas de esquisto es superior en un 30 por ciento a los de gas natural convencional. Dado que el metano tiene un potencial de calentamiento global 21 veces superior al dióxido de carbono (CO2), existen serias dudas en torno a que el gas shale sea una energía de transición adecuada”.
En dicho aspecto, Nathalie Seguín, de la Red Acción por el Agua, indicó que para la obtención de gas shale se inyectan al subsuelo mezclas de arena y agua con químicos a casi 5 kilómetros de profundidad y de esta forma extraer este energético, pero dichos químicos se ha comprobado que producen cáncer, daños al sistema endocrina y al sistema nervioso, además que dichos materiales inyectados no son extraídos y se corre el riesgo de contaminar mantos acuíferos como se ha presentado en Estados Unidos.
En el aspecto económico poco viable de este sector, Francisco Cravioto, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación dijo que ante la falta de análisis y estudios en México de los 6 pozos que se trabaja en el estado de Coahuila, en los cuales sólo uno es funcional son muestra de la poco viabilidad económica del shale.
Indicó que la industria gasífera estadounidense ha señalado que hasta el 80 por ciento de los pozos pueden resultar inviables económicamente debido a las complejidades técnicas de la explotación de este gas, lo que hace que el costo por pozo en México se sitúe entre 12 y 15 millones de dólares. Además, la rápida declinación de los pozos -con una disminución de la producción de entre un 29 y un 52 por ciento anual-, supone la necesidad de realizar constantes inversiones de capital para mantener la producción.
Situación que es alarmante con diversas propuestas de la Reforma Energética mexicana en donde se trata que el gas shale sea el transitorio antes de optar por energías renovables y que ni siquiera se sabe si este sector tendrá una ley secundaria que frene sus desastre ambiental como pérdida económica que se llegue a presentar.
Para echar a andar este proyecto energético se estima se requeriría de una inversión de 60 mil millones de pesos, un tercio del presupuesto nacional anual; y la debilidad de su recuperación por pozo se supedita a sólo entre un 4.7 a un 10%, lo cual refleja lo débil de apostar al fracking.
Aunado a que pese a estos proyectos decaídos, el PAN en su propuesta de reforma habla de llegar a instalar hasta 20 mil pozos y que en la propuesta del PRI gobierno se quiere llegar a cerca de 9 mil permisos anuales de pozos como se presenta en la actualidad en Estados Unidos, donde las deudas bancarias por quiebra de estas empresas que sólo en la especulación bursátil se recuperan dejan en gran peligro a México ya que en nuestro país se tiene la mala costumbre de que en quiebras y perdidas de inversión el Estado (la población) absorba los pagos.
En concordancia con lo anterior, Nathalie Seguin, señaló que “de abrirse los 20 mil pozos anuales para extraer el gas shale que plantean algunos sectores, se requeriría una cantidad de agua equivalente a la del consumo doméstico de entre 4.9 y 15.9 millones de personas en un año”.
SEMARNAT, SENER Y CONAGUA CRUZADOS DE BRAZOS EN ESTUDIOS SOBRE FRACKING
Por su parte, Claudia Campero de la organización Blue Project Planet y Food & Water Watch, dijo que “los esfuerzos políticos y presupuestales deben enfocarse a la transición energética hacia fuentes limpias y renovables con pleno respeto de los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, en lugar de centrarse en proyectos caros y con fuertes afectaciones socioambientales que agravan el calentamiento del planeta. Es urgente que la Reforma Energética a discutirse en el Congreso siente las bases legales e institucionales para avanzar en esta dirección”.
Aunque lamentó que la información existente sólo es a base de datos de las empresas y gobierno estadounidense ya que en México, ella como los demás ponentes de este evento, lamentaron que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no están haciendo nada en materia de estudios sobre los daños ambientales, sociales y económicos de apostarle al fracking, pese a todo lo sabido en uso de agua, químicos e impacto ambiental.
Puso de ejemplo que los empresarios están cooptando todo aquello alrededor de este tema y la misma EPD (el organismo ambiental del gobierno estadounidense) se ha visto frenado en su accionar por los intereses económicos que no le permiten actuar y sintetizo que si eso pasa en México ni que esperar de la debilidad que padecen Semarnat y Conagua ante la contaminación y daños a acuíferos que el fracking provoca.
La Alianza Mexicana Contra el Fracking exigió a los legisladores que discuten la Reforma Energética que apliquen el principio precautorio en el tema del gas shale y prohíban su explotación debido a que numerosas investigaciones alertan sobre los elevados costos sociales, ambientales y económicos como consecuencia de la producción de este hidrocarburo. Francia y Bulgaria ya han prohibido el fracking por los impactos que genera.
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