En el Senado de la República se avanzó en una Reforma Política en la cual se conviene lo que convenirse puede. A despecho de quienes desearían se les diera todo para asegurarles el triunfo que anhelan y del que cada vez parecen estar más distantes.
El grupo parlamentario del PRD, con Jesús Zambrano, presidente de su Partido, se retiraron de la discusión de esa reforma, como del Pacto por México, porque, dicen, “se trata de imponer un proyecto light, que deja fuera temas trascendentes como la regulación de la consulta nacional”. Zambrano y el senador Alejandro Encinas, representante de su instituto político en las discusiones para la reforma política, recalcaron que las dejan por no estar dispuestos a avalar “el albazo” que PRI y PAN pretenden dar al aprobar la reforma energética sin que se hayan tratado en comisiones las tres iniciativas. Según se ha insistido a la Reforma Política seguirán los trabajos de la Reforma Energética.
Pretenderían que se han celebrado acuerdos en lo “oscurito” para hacer a un lado su iniciativa y conducir el resultado de tales discusiones a un resultado adecuado a las propuestas de PRI y PAN. No hay tal, aclararían con toda oportunidad César Camacho, presidente del Revolucionario Institucional, y Gustavo Madero, presidente de Acción Nacional. No, ocurre que las iniciativas se votan, en comisiones y en el pleno, se aprueba la que más votos suma a favor. Así es en las democracias representativas. Obviamente el PRD no logra mayoría y su propuesta no avanza.
Entre cambios relevantes que en la colegisladora se aprobarán, adicionarán o modificarán, encontramos:
Un Instituto Nacional Electoral sustituye al IFE. Será la autoridad en la materia. Independiente en sus decisiones y funcionamiento; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son sus principios rectores. Estará conformado por un consejero presidente y diez consejeros electorales, quienes estarán en el cargo por nueve años, sin posibilidad de reelección.
Los diputados federales podrían reelegirse hasta por tres periodos, para sumar doce años en el cargo; los senadores hasta por un periodo adicional, alcanzarían doce años también. La modificación conduce a la profesionalización de la tarea legislativa, por una parte, y por otra, confiere a los electores la facultad de retirar, en un proceso electoral, a sus representantes.
Se transformaría a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Correspondería al Senado la designación del su titular, duraría en el cargo nueve años. El fiscal dejará de ser subordinado del titular del ejecutivo.
La toma de protesta del titular del Ejecutivo para el periodo del 2018 al 2024, sería el 1 de diciembre del 2018 para concluir el 30 de septiembre del 2024, con la finalidad de que el siguiente titular inicie el encargo el 1 de octubre de 2024. El propósito es generar una transición más dinámica entre la fecha de los comicios, la declaratoria de Presidente Electo y la etapa de entrega-recepción, así como la protesta del nuevo titular del Ejecutivo Federal.
Se aumenta el número de votos requerido para mantener el registro como partido político a tres por ciento. Habrá algunos organismos políticos que no sobrevivirán a las nuevas disposiciones.
Hay más, mucho más, habremos de tratarlo cuando la minuta (la iniciativa aprobada en el Senado) sea votada en la Cámara de Diputados.
Comentarios Cerrados