Opinión

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PEPE CAMARA

Las Comisiones Unidas de Justica y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, dieron muestra palpable de que cuando se quiere se puede, al presentar al Pleno un dictamen que aprobado, modifica el artículo 381 del Código Penal Federal, y pone freno al robo de cable de cobre, aluminio, acero, níquel o cualquier otro material que sirva como medio para la prestación de un servicio público.

Este robo hormiga que se presenta desde hace mucho, mucho tiempo, afecta a usuarios domésticos, industriales, comerciantes y, no se diga, a los servicios de emergencia, al interrumpir el fluido eléctrico.

Se endurecen las sanciones que se aplican a quienes roben el cable de cobre, que no obstante estar tipificado como de simple, existe una diferencia sustancial entre la mera sustracción y aquella que, además, genera consecuencias, como la suspensión de la prestación de los servicios públicos.

Al sustentar la decisión favorable del grupo parlamentario del PRI, el senador Jesús Casillas Romero precisó que en los últimos años, la comisión de este tipo de delitos e ilícitos presenta un incremento notable; cada día hay más robo de líneas de conducción de los servicios públicos como la electricidad, teléfono, o cualquier otro que requiere el ciudadano y que el Estado mexicano lo presta.

Refirió la existencia de un mercado clandestino donde el cable de cobre es vendido a valores inferiores en detrimento de establecimientos, oficinas, casas habitación, y en general, para el Estado mexicano, al tener efectos negativos como la suspensión de la prestación de los servicios públicos.

Con la reforma, el Ministerio Público de la Federación tendrá más herramientas para investigar, perseguir y en su caso consignar los casos de apropiación de cable de cobre que interrumpan los servicios públicos y, los jueces podrán resolver los juicios con normas que estén acorde a la realidad material que se les presenta.

Los cambios están acordes al principio de proporcionalidad de la pena establecido en el artículo 22 de la Constitución, y responden a un fenómeno que lacera profundamente a la sociedad y que trasciende a diversos ámbitos como los delitos aduanales, delincuencia organizada y delitos fiscales. Toca el turno a los diputados actuar en consecuencia y avalar la minuta del Senado.

 

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