Opinión

Lo Cotidiano con Clase

Como consecuencia inmediata y en respuesta al anuncio presidencial de mejorar el Estado de Derecho, el Diario Oficial de la Federación publicó el viernes 28 de noviembre, el Reglamento de la Ley General de Víctimas, que cumplimenta una de las medidas para fortalecer las capacidades institucionales del Estado.

El Presidente Enrique Peña Nieto, en su mensaje a la Nación por un México en Paz, con Justicia, Unidad y Desarrollo se refirió a implementar diversas acciones para dar respuesta a los mexicanos de mejorar y garantizar la seguridad y la justicia.

Bajo esta premisa, la Ley General de Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013 y reformada en mayo del mismo año, es un ordenamiento de vanguardia surgido de la iniciativa de la sociedad civil, que coloca en el centro de la acción del Estado a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos al incorporar en nuestro orden jurídico la plena participación de las víctimas en los procedimientos jurisdiccionales y el concepto de reparación integral al daño sufrido.

Con el Reglamento proveerán las herramientas administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos de las víctimas consagradas en la Ley, especialmente el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

Destacan el establecimiento de reglas de coordinación entre los distintos poderes y órdenes de gobierno; el funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y se definen los requisitos que deberá contener el Modelo Integral de Atención a Víctimas.

También la atención, asistencia y protección inmediata a que tienen derecho las víctimas; definir con claridad competencias y atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sus unidades administrativas; regular bases, integración y funcionamiento del Registro Nacional de Víctimas.

Otro rubros trascendentes corresponden al funcionamiento, alcance y criterios para la asignación de recursos del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral del Fondo de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral, así como el que las víctimas accedan a los recursos del mismo.

Con este Reglamento, el Gobierno de la República reitera su compromiso con el absoluto respeto a los derechos humanos y con la consolidación de un marco legal que garantice los derechos de las víctimas.

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