Opinión

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En el territorio nacional existen 270 mil 303 asignaciones o concesiones de aguas nacionales vigentes, de las cuales caducarán 41 mil 54 entre este año y el 2016, y 66 mil 417 lo hicieron desde 2009 y hasta el año pasado.

Por ello, la Comisión de Recursos Hidráulicos de la LXII Legislatura analiza reformar la Ley de Aguas Nacionales para que estas concesiones, en especial las de uso doméstico y público urbano, puedan renovarse a más tardar un día antes del vencimiento, lo que dará certeza a los municipios en el abastecimiento del agua potable y evitará el uso de las reservas acuíferas.

La iniciativa de la diputada priista, Dulce María Muñiz Martínez, precisa que debido a la falta de documentación, la lejanía de las oficinas de Comisión Nacional del Agua (Conagua) o por el analfabetismo en el medio rural, busca modificar el plazo determinado para realizar el trámite, a fin de dar certidumbre y permitir que los sujetos beneficiarios puedan iniciarlo a más tardar un día antes del vencimiento.

La problemática para municipios y gobiernos locales, se presenta en cuanto a las asignaciones no renovadas, que por el vencimiento de los plazos dejan en incertidumbre jurídica a sus organismos prestadores del servicio de agua potable, lo cual los somete a presiones que derivan en el uso de las reservas acuíferas.

Muñiz Martínez argumentó: como consecuencia del crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido considerablemente. En 1910 era de 31 mil metros cúbicos por habitante; en 2005 de 4 mil 573 metros cúbicos, y para 2010 disminuyó a 4 mil 230 metros, y el 40 por ciento del territorio tiene condiciones anormalmente secas, afectando 806 municipios en 28 entidades.

Al adicionar un segundo párrafo y reformar el tercero del artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, se busca que la renovación sea un día antes del vencimiento, y que la concesión o asignación de las aguas de uso domestico y público urbano, tratándose de lo relacionados con agua potable y alcantarillado sanitario, se otorgue por el plazo máximo establecido en esta ley.

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