Para frenar el alarmante crecimiento de llamadas para extorsionar, defraudar, amenazar o negociar secuestros, que realizan los integrantes de 700 bandas delictivas que operan en México, el pasado 11 de abril de 2008, entró en vigor la llamada Ley Malova que obliga a registrar al usuario de un teléfono celular.
Ahora, los concesionarios están obligados, para poder contratar una línea de celular, pedir al cliente comprobante de domicilio, identificación oficial y solicitarle su huella digital y, en caso de que la autoridad investigadora lo solicite, proporcionar la ubicación física de un usuario y de una línea telefónica.
Lograr implementar ese registro a nivel nacional, cuando hay alrededor de 80 millones de teléfonos celulares activados y el 95 por ciento utiliza el sistema de pre-pago, desconociéndose el domicilio de quien esté haciendo mal uso de un teléfono celular o su ubicación, puede constituir toda una hazaña.
Con esta nueva normatividad, hay responsabilidades y obligaciones tanto del prestador del servicio, como del usuario. En el primer caso, dado el volumen de teléfonos en servicio, el concesionario tendrá que hacer como mínimo, en promedio, más de 6 millones de registros mensuales, algo similar a la fotocredencialización para votar que tiene el Instituto Federal Electoral.
Los usuarios que actualmente cuentan con un teléfono celular activado y circulando, disponen de un año para regularizar su situación. Tendrán que acudir con su prestador de servicio con una identificación oficial, comprobante de domicilio y poner la huella digital. Si no lo hace, se dará de baja la línea telefónica.
Este mismo trámite se exigirá también a quienes pretendan adquirir un celular y, para evitar caer en una corresponsabilidad en cuanto a la comisión de un delito, el usuario que pierda, le roben o preste su celular y por él se cometa una acción delictiva, deberán informarlo de inmediato al concesionario para que ese teléfono sea dado de baja.
De igual manera, se garantiza la privacidad del usuario. Nadie tiene derecho a grabar las comunicaciones; el concesionario sólo podrá informar a la autoridad que lo requiera a qué número se habló, cuánto duró la llamada y, bajo ninguna circunstancia, los contenidos.
En atención al clamor generalizado de la sociedad mexicana por los alarmantes índices de inseguridad que prevalecen en México, los legisladores aprobaron la Ley para el Registro de la Telefonía Celular conscientes de que ya no se pueden dar más ventajas a la delincuencia que amenaza y atemoriza a la ciudadanía.
Se trata, hay que hacer consciencia de ello, de tener un registro nacional de usuarios y evitar que tras el anonimato de un teléfono celular, se utilice la tecnología para lastimar a las personas, pero al mismo tiempo, se tendrá que actuar con total honestidad, con los candados suficientes para evitar que se pueda hacer mal uso de los registros que realicen los prestadores del servicio.
Acudamos oportunamente a registrar nuestros datos, no esperemos hasta el final para hacerlo. Seamos optimistas, hay que colaborar para que en el 2010, el secuestro, la extorsión y el fraude a través del celular, disminuyan entre un 95 y 98 por ciento.
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