Jesús Ortega, presidente del CEN del PRD, enfrenta una paradoja. Si consigue la exoneración de su candidato al gobierno de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, demostrará la “perversidad” de la PGR en su actuación contra éste. Como la PGR es una dependencia del Poder Ejecutivo federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, jefe real, no formal, del Partido Acción Nacional, los hechos demostrarán que las alianzas pragmáticas están prendidas de alfileres.
Si persiste el encarcelamiento de Sánchez porque se puedan documentar y probar los ilícitos de que se le acusa, entonces el número uno de “los Chuchos”, quedará bajo sospecha de complicidad con su abanderado. Su prestigio está de por medio frente a las “tribus”, frente a militantes y simpatizantes y ante la opinión pública. La cuestión no sólo afecta al PRD, sino al PT y a Convergencia.
Hay, por supuesto, otros “ingenuos” o “vivos” en el asunto. Entre ellos Manuel Camacho Solís, señor de las derrotas. Primera, en su aspiración a la candidatura a la Presidencia de la República por el PRI, resultó postulado Luis Donaldo Colosio. Inmediatamente después, cuando habiéndose preparado para un eventual relevo del sonorense, cayó ante Ernesto Zedillo. Más adelante cuando bajo la creencia de que es posible crear partidos desde arriba formó el PCD; de efímera existencia.
Sea cual sea el resultado, el líder del partido del sol azteca, y acompañantes, pierde. Ahí la paradoja.
Más aún: las alianzas, “contra natura”, para efectos futuros serán inviables. No importa que ganen una o dos de las gubernaturas en juego en donde contienden bajo esta figura. ¿El PRD confiaría en un gobierno que le jugó tan mala pasada?
La factura que cobrarán las “tribus” contrarias a Jesús tendrá un precio muy elevado: su cabeza. La de él y las de sus compañeros de viaje. Asistiremos al renacimiento de Andrés Manuel López Obrador y seguidores, opuestos a esas alianzas. Como contrarios a ellas son también Vicente Fox y Manuel Espino. Vamos, hasta Fernando Gómez Mont, a pesar de su subordinación a quien ejerce el poder formal (¿también real?) de quien sí las vio como ruta a una recuperación de poder político.
La inviabilidad de caminar juntos será una realidad, vistos los hechos y cumplidas las predicciones. No sólo desde la perspectiva del Partido de la Revolución Democrática, sino desde el punto de vista del Partido Acción Nacional: ¿Sería aceptable el acompañamiento de una fuerza (si es que fuerza es), de una organización política, capaz de postular a un candidato de dudosa reputación de lo cual se había advertido con oportunidad al compañero de viaje en otros lares? Contéstenlo ambas organizaciones políticas.
Más aún, a los ojos del electorado nacional: qué opinión merecerá esta tragicomedia, como le llamamos en entrega anterior. Dentro de tres semanas lo sabremos. Acaso el PRI logre el triunfo en la contienda por doce gubernaturas, y en las otras dos entidades pendientes en donde se disputan presidencias municipales y legislaturas.
Con respecto a Greg, el candidato fallido, la Constitución es clara:
En su artículo 38 señala que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión (fracción II).
Por supuesto, el PRD y partidos aliados, o mejor dicho, Jesús Ortega y socios, ejercerán su derecho al pataleo.
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