Opinión

ATISBOS: Amenaza para la democracia la austeridad republicana

Rafael Cienfuegos Calderón

 

REFORMA.- La incipiente democracia mexicana podría debilitarse gravemente si se impone la voluntad del Presidente de la República y la mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados para hacer una reforma político-electoral que priorice reducir el costo de los procesos electorales por sobre la confianza ganada entre la ciudadanía y la certidumbre de los resultados. A través de una iniciativa de reforma constitucional Morena pretende aminorar la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE), bajar de nueve a cuatro los años la permanencia del Consejero Presidente sin opción a reelegirse, eliminar los Organismos Políticos Locales Electorales y sustituirlos por miembros de las juntas locales del INE que serían nombrados por la Cámara de Diputados, imponer candados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y excluir al Consejo de la Judicatura Federal, y que el Congreso designe a los consejeros independientes en dicho tribunal. Argumenta la iniciativa de reforma que en 2018 el gasto federal fue superior a 24 mil millones de pesos; casi siete mil millones para los partidos políticos y cerca de cuatro mil millones para la justicia electoral. Al respecto Lorenzo Córdova cuestionó en los foros de Parlamento Abierto de la Reforma del Estado y Electoral ante diputados ¿cuál es el propósito de una futura reforma? y ¿cuáles son los aspectos que queremos mejorar de las reglas del juego democrático que nos hemos dado, sí, a diferencia de otros momentos, después de 2018 no hubo quejas relevantes por parte de ninguno de los contendientes? No hay que olvidar –precisó- que la transición política se ha fincado en la certeza y reducir los costos de las elecciones minando las reglas, los procedimientos y las instituciones, podría abrir la puerta a un pasado superado, cuando hace 30 años las elecciones eran el principal de los problemas nacionales. Con las elecciones de 2018 y las del pasado 2 de junio, el electorado corroboró que el sistema electoral funciona y bien. El presidente del INE ya propuso la fórmula para la austeridad electoral: disminución en 55% del dinero que da el gobierno a los partidos e implementar el voto electrónico, con lo que estima se dejarían de gastar siete mil millones de pesos. Pero el cambio de urna, de una física a una electrónica, que es una alternativa sin trastocar la estructura de las instancias encargadas de organizar y avalar las elecciones, se antoja imposible por la desconfianza que hay entre los actores políticos. Con ella se eliminarían los operativos de campo que en 2018 implicaron visitar 12 millones de domicilios, los programas de resultados preliminares y las costosas sesiones de cómputo distrital para el recuento de los paquetes electorales.

REFUNDARLO.- El INE no está diseñado para hacer todas las elecciones, federales y estatales, para eso habría que refundarlo y hacerlo una institución mucho más grande porque tendría nuevas atribuciones. Quien sostenga o piense que los órganos electorales trabajan sólo cada tres años y que entre elección y elección no hacen nada, olvida que diario se realizan de 30 mil a 40 mil trámites de credenciales con fotografía para votar y darle identidad a los ciudadanos, que al año suman cerca de 15 millones: Lorenzo Córdova.

PATRIMONIO.- El triunfo de López Obrador fue resultado, en alto grado, del trabajo autónomo de los órganos electorales vigentes y del avance democrático que hizo posible que la elección presidencial de 2018 resultará la más limpia de la historia y sin  discusiones. Por eso es cuestionable que el gobierno y su movimiento-partido Morena, pretendan patrimonializar la política electoral. Eliminar los contrapesos y apoderarse del Congreso federal rumbo a las elecciones de 2021 y 2024, le restaría legitimidad y crearía desconfianza en el electorado.

CAPRICHO.- Acostumbrado a la política populachera y a las encuestas ciudadanas a mano alzada, el Presidente se opone a quedar fuera de la contienda electoral del 2021 en la que se elegirán diputados federales y 13 gobernadores. Quiere que la consulta constitucional por la revocación de mandato sea el mismo día para aparecer en las boletas y dice que “es para no gastar, para no gastar doble” o en su defecto el 21 de marzo de 2021. Pero como los senadores de oposición están en contra, posiblemente la fecha sea otra.

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