Opinión

ATISBOS

Los derechos sociales y la justicia social de AMLO

Rafael Cienfuegos Calderón

DEUDA.- El reto mayor de Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República será saldar la deuda que heredará de Enrique Peña Nieto en cuanto a derechos sociales se refiere. Una parte importante de  la población aduce incumplimiento en el derecho a un trabajo bien remunerado, el de participar en la toma de las decisiones públicas, el de acceso a la seguridad social, el de recibir servicios de salud de calidad, el de tener educación de calidad, y el de contar con una alimentación adecuada. Por estos motivos hay insatisfacción con el desempeño del gobierno federal y una evaluación de malo a muy malo del trabajo de diputados y senadores. En campaña el presidente electo planteó que mejorará los programas de desarrollo social, que mal aplica el actual gobierno federal, como estrategia para alcanzar la justicia social y, como presidente electo, anunció que los adultos mayores recibirán dos mil 400 pesos bimestrales, las personas con alguna discapacidad dos mil 600, en tanto que los jóvenes tendrán becas de hasta tres mil 600 pesos. Su plan de desarrollo social costará 110 mil millones de pesos, casi nada comparado con los 500 mil millones que, dijo, roban los funcionarios corruptos. Y sobre los derechos sociales el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizó una encuesta nacional que permite conocer la percepción que sobre ellos tiene la población. Un 58.4% manifestó que no ha escuchado hablar de los mismos y 41% que sí, siendo los más conocidos el de educación (24%),  la salud (23%), de acceso a la alimentación (13.6%), a seguridad social (9.9%), y a vivienda digna (9.7%). El cumplimiento de los mismos es una obligación del gobierno afirmó 85%, en tanto que (78%) opinó que los derechos que nunca o casi nunca se cumplen son: trabajo bien remunerado (78%), ser tomado en cuenta para la toma de decisiones públicas (72%), seguridad social (71%), acceso a servicios de salud de calidad (57%), educación de calidad (52%) y alimentación (49%). Las causas son la corrupción (35%), mala administración de los recursos (31%), y por mal gobierno (26%). Los derechos sociales son parte de la justicia social que proclama el próximo presidente y, por ello, es de suponerse que tendrán prioridad.

METAMORFOSIS.-  Los otrora críticos acérrimos del presidente electo, hombres de poder económico que buscaron de diferentes maneras impedir su triunfo el 1 de julio, hoy se muestran solidarios, aceptan sus propuestas, y se comprometen a apoyarlas por el bien del país. No cabe duda. El interés tiene pies. Pero también hubo una transformación en quien dirigirá el próximo gobierno, pues lejos de repetirles que son ladrones y explotadores, los llamó a trabajar por un México de oportunidades y más igualitario.

RECIPROCIDAD.- En su primer encuentro -previo a que se convierta en el ochentaicincoavo Presidente de la República- Andrés Manuel López Obrador y la Conferencia Nacional de Gobernadores -29 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México- llegaron a un importante acuerdo: caminar en bloque por la cuarta transformación de la República, y que no se condicionarán las transferencias de recursos federales a los estados. El presidente electo les dijo que no permitirá la corrupción ni la impunidad, trátese de quien se trate.

RECORTES.- El plan ahorrativo del próximo gobierno, que incluirá un salario de solo 108 mil pesos mensuales para el próximo Jefe del Ejecutivo federal –Enrique Peña Nieto gana actualmente 270 mil pesos-, abarcará no únicamente a altos y medianos funcionarios de la administración pública, sino también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a diputados y senadores. Sin embargo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, nada ha dicho de recortar el financiamiento a los partidos políticos.

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