Opinión

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¿DIVERGENCIAS?.- De lo expuesto por los secretarios Rosario Robles y Luis Videgaray (SEDESOL y SHCP) en la Cámara de Diputados con motivo del análisis del informe presidencial, llama la atención lo que cada uno dijo sobre el Programa Prospera –antes Oportunidades. Ella explicó que el nuevo programa fortalecerá los aspectos de salud, educación y alimentación, a partir de la inclusión social, productiva y financiera de las 6.1 millones de familias beneficiadas. Él precisó que, sin embargo, Prospera no considera una vinculación con los programas productivos. En lo que ambos coincidieron, fue en que las políticas social y económica tienen que caminar juntas, y que la mejor política para el combate a la pobreza es el empleo y la productividad. Información a parte, el gobierno federal tiene vigentes 102 programas sociales a cargo de 13 dependencias con un presupuesto conjunto de 339 mil 277 millones de pesos para 2014, en tanto los 32 gobiernos estatales operan mil 927 programas sociales. A la federación se le evalúa en transparencia de padrones y ejercicio presupuestal con 78% y 93%, en tanto que a las entidades con alto grado de opacidad que facilita actos irregulares y corrupción, uso electoral de los recursos y desvío con fines ajenos a la política social, y discrecionalidad en la asignación de beneficios, de acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Ante esto, los legisladores de la Comisión Especial de Programas Sociales proyectan reformas a la Ley de Transparencia para homologar la información de los programas sociales y obligar a los tres órdenes de gobierno a publicar y actualizar el listado de beneficiarios con nombres y apellidos. De lo anteriormente expuesto resalta la divergencia que al parecer hay en los alcances de Prospera y la maraña que envuelve los programas de la política social. Para la Secretaría de Desarrollo Social el nuevo programa sentará las bases de un mayor crecimiento económico al generar empleos y riqueza; logrará la inclusión financiera de las 6.1 millones de familias inscritas para que accedan a créditos y esquemas de fomento al ahorro; y permitirá que participen en actividades productivas. Para la Secretaría de Hacienda aunque la mejor estrategia para el combate a la pobreza es el empleo y la productividad, sin embargo, programas como Prospera no consideran una vinculación con los programas productivos como el Nacional de Becas, por lo que se debe acabar con esta desconexión entre el asistencialismo social y esos apoyos. Además, destaca la dispersión y falta de control de los programas sociales, y la inadecuada vigilancia de los recursos.

AEROPUERTO.- Más de cuatro mil 431 hectáreas del ex vaso de Texcoco están ya en posesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México “Benito Juárez”. La asignación de los terrenos que se ubican en los municipios de Texcoco, Atenco y Ecatepec, Estado de México, fue hecha por la Secretaría de la Función Pública, y se utilizarán para la construcción y administración de infraestructura de comunicaciones.

INTEGRACIÓN.- La creación de “ELYCES” (Espacio Latinoamericano y del Caribe de Educación Superior) cuyo objetivo principal será contribuir al proceso de integración académica en la región, fue propuesta por la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Yoloxóchitl Bustamante Díez, presidenta de la Organización Universitaria Interamericana. La iniciativa se orienta a la convergencia y articulación de los modelos educativos para hacerlos comparables y mejorar su calidad a través de la cooperación, y la movilidad regional con base en sistemas de equivalencias, transferencias y reconocimiento de grados obtenidos en diferentes entornos.

PROTECCIÓN.- Con el argumento de que la protección ecológica no es un tema de moda, sino una responsabilidad, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados pretende aumentar al doble las multas a empresas que contaminen ríos, bosques y dañen ecosistemas. La sanción económica se fijará a partir de los ingresos anuales y no por salarios mínimos, y se obligará a la reparación del daño. Además diseña una nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, y para promover la educación ecológica buscará que 50% de las multas aplicadas a los partidos políticos por incumplir las reglas electorales, sean reorientados a ese fin.

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