Opinión

Atisbos

PREOCUPANTE.- El crecimiento económico al finalizar 2013 será de 1.5-1.7%, muy bajo en relación al 3.4% previsto al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Con la nueva Ley Hacendaria el optimismo renace y se augura un crecimiento real de 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2014. Sólo es de esperar que la economía de Estados Unidos no sufra tropezones, que el entorno internacional sea favorable y no se repitan contingencias naturales. La reactivación de la economía es necesaria y urge porque su mayor e inmediato impacto se refleja en el mercado laboral, que hoy enfrenta una situación preocupante. A la histórica insuficiencia de fuentes de empleo que afecta a unas 2.6 millones de personas en edad productiva, se sumaron 189 mil 493 migrantes mexicanos repatriados en los primeros seis meses de 2013 por el Instituto Nacional de Inmigración (INM), y para fin del año serán unos 400 mil -en 2012 fueron 370 mil, mientras 2011 cerró con 405 mil 500-. Ante este panorama, la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados llamó al gobierno federal a generar de manera prioritaria programas de empleo para la reinserción laboral de los migrantes mexicanos deportados, que estén a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y el Servicio Nacional de Empleo. México es un país generador de migrantes que ante la imposibilidad de contar con un empleo buscan en Estados Unidos, principalmente, mejores condiciones económicas y sociales. La migración es un fenómeno social preocupante y hay que atenderlo, porque sólo en 2010, unos 32.9 millones de mexicanos residían en el vecino país en condiciones poco favorables dada su calidad de indocumentados. Hoy en día el control migratorio es más estricto y la situación laboral y económica en Estados Unidos dificulta la permanencia de connacionales. Por esto, muchos prefieren ser repatriados a México con la esperanza de conseguir un empleo.

¿AUSTERIDAD?.- Al congratularse por las modificaciones que hizo el Senado de la República a las leyes de Coordinación Fiscal y Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Secretaría de Hacienda exaltó la transparencia en el ejercicio del gasto de estados y municipios al hacer pública la nómina magisterial, la información de deuda de estos gobiernos, y el destino de recursos de los fondos financiados por la federación, como los de seguridad pública. Además, las medidas de austeridad a los tres Poderes de la Unión y órganos autónomos para racionar el gasto público en salarios de mandos medios y superiores, de operación del gobierno, y compra de vehículos.

IPN-CANACINTRA.- Al firmar un convenio de colaboración para el desarrollo de acciones educativas y proyectos en beneficio del sector industrial del país y el Estado de México, la doctora y directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) Yoloxóchtl Bustamante Díez, expresó que la institución constituye un excelente socio científico y tecnológico. Ante el gobernador Eruviel Ávila y el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Rodrígo Alpizar Vallejo, comprometió al Politécnico a seguir trabajando con el sector productivo, a través del Programa Emprendedor, “porque estamos convencidos de que este país necesita que la micro, pequeña y mediana empresa se desarrollen con una orientación más tecnológica”.

SOSPECHOSISMO.- “No queremos creer que el Senado esté solapando a gobernadores corruptos que endeudaron a las entidades federativas y que quieren seguir preservando este régimen de discrecionalidad, opacidad y falta de control en las deudas de los estados y municipios” Así lo expresó el diputado Ricardo Mejía Berdeja de Movimiento Ciudadano, en torno al exhorto que hizo la Cámara de Diputados al Senado de la República para que apruebe la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de disciplina financiera de los estados. Argumentó que, por un lado, el Senado hace una modificación a la Ley de Coordinación Fiscal que tiene que ver con transparencia, pero no resuelve sobre la deuda subnacional que equivale a 443 mil millones de pesos.

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