Opinión

Aprobarían ley de Biodiversidad y negarían su paternidad

Ante la importancia que puede significar la modificación de la ley de Biodiversidad por parte del Congreso de la Unión de México, diversos grupos ambientalistas han mandado a las instancias legislativas diversas observaciones para con el fin de que las especies de flora y fauna y ecosistemas mexicanos se preserven.

El diálogo y consenso social de la misma, se basa en que se tiene que tener una consulta amplia de todos los sectores sociales y, dejar en claro que no existe ninguna posibilidad de quitar veda de uso de biodiversidad en casos exitosos que al momento han mostrado recuperación como son los pericos.

Aunque al momento, ese es un punto toral que no se tiene muy claro y que la sociedad no quiere se pierda el avance que se ha ganado al respecto, pues, diversos sectores han clamado este punto a la Senadora del Partido Verde (PVEM) Ninfa Salinas, quien ha propuesto el uso comercial y quitar veda a especies recuperadas; que ha recibido el apoyo irrestricto de sectores oficiales como el titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT) del gobierno mexicano, Rafael Pacchiano, acudió al Senado para expresar su apoyo a la legisladora y su ley impulsada.

Aunado a la legisladora, la SEMARNAT, y otros sectores que se han desdicho de sus palabras y paternidad de esta iniciativa en discusión, como ha sido la investigadora Julia Carabias, que con antelación apoyaba esta iniciativa del PVEM, quien además pide que se detenga la ley, se hagan foros, y se discuta con todos los sectores, cuando antes decía que la ley tenía que ser aprobada en este período de sesiones para no detenerse por un año, indicando que los foros ya se habían realizado y se tenían las consultas necesarias (Link video: https://youtu.be/vvrEsrE-7Fc).

Cabe recordar que Julia Carabias, (creadora de la SEMARNAT) hace tiempo había declarado que es pertinente reformar el marco legislativo sobre la biodiversidad para actualizar y armonizar la normatividad en esta materia.

Indicando que muchas de las reformas realizadas en los últimos años han sido adendas que desarmonizaron el marco legal, lo hicieron más complejo y, en algunos temas, poco claro, lo cual repercute en su aplicación y en la impartición de justicia.

Que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) no puede debilitarse en este intento de reforma. La LGEEPA es el marco regulatorio general en materia ambiental, establece las orientaciones generales, vincula y articula los temas en esta materia y da un sentido de integralidad a la gestión del medio ambiente.  Que la Ley General de Biodiversidad debe contener el desarrollo legislativo de las disposiciones generales de la LGEEPA.

Añadiendo que una parte del debate se ha sesgado y reducido al tema de si las prohibiciones sobre el aprovechamiento de algunas especies silvestres deben o no mantenerse en la nueva LGB, o más bien reforzarse en otras disposiciones normativas. Este sesgo desvía la atención pública de lo esencial: llevar a cabo un análisis muy concienzudo, durante el tiempo necesario, para formular los mejores preceptos posibles y alcanzar los consensos públicos entre los especialistas, los dueños de los recursos naturales, los legisladores y la sociedad en general, para la conservación de la biodiversidad en su conjunto.

La Ley General de Biodiversidad reformaría diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (en adelante LGEEPA) y se abroga la Ley General de Vida Silvestre (en adelante LGVS). Dicha iniciativa tiene por objeto integrar en un solo ordenamiento lo previsto en el Título Segundo de la LGEEPA, la Ley General de Vida Silvestre y en el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a recursos genéticos.

Esta iniciativa se estima abre la puerta no sólo a la conservación, aprovechamientos sustentable y restauración de la biodiversidad y los servicios ambientales o ecosistémicos, sino que implica una nueva gestión ambiental y de los recursos naturales en nuestro país, que pudiera tener efectos no deseados, principalmente porque se debilita uno de los ordenamientos jurídicos más importantes en la materia.

Desde la entrada en vigor de la LGEEPA en enero de 1988, ese ordenamiento se convirtió sobre todo por su carácter “General”, en una especie de ley marco, que lo mismo distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, establece principios, criterios y consideraciones generales para la gestión ambiental y de los recursos naturales que deben ser observadas por todas las autoridades.

PIDEN ESCRITORES Y CATEDRA MÁS DIÁLOGO Y NO LEY EXPRESS

La privatización de los recursos genéticos y del conocimiento tradicional, así como la omisión en la protección de especies, entre ellas las tortugas marinas y las aves, son fallas de la iniciativa de la Ley General de Biodiversidad, cuya aprobación de dictamen está en ciernes para próximos días en el Senado.

Lo cual, catalogó la organización Greenpeace es un error y muestra una gran urgencia del Partido Verde por sacar esta iniciativa durante este mes.

La organización señaló que la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado intenta aprobar el dictamen sin haber consultado a los pueblos y comunidades indígenas, pese a que con ello se abriría las puertas a la privatización de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional de México.

A esta crítica se sumaron, en una carta pública que se divulgó  en diversos medios de comunicación que fue firmada por escritores como Elena Poniatowska, Víctor Toledo y académicos.

Con esta legislación, asevera el organismo, se abriría la puerta para que industrias como la farmacéutica, cosmetológica o agroindustrial puedan patentar conocimientos ancestrales para bioprospección, es decir, búsqueda de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos de la biodiversidad, con fines comerciales.

Para Gustavo Ampugnani, director de Greenpeace, esta iniciativa de reforma se encuentra en el sentido mercantilista de la conferencia de las partes de biodiversidad, realizada en Cancún en diciembre pasado, en donde el titular de la SEMARNAT se comprometió (como funcionario emanado del PVEM) a sentar las bases para la participación del sector privado en el uso de la biodiversidad.

EJEMPLOS DE SUS ARTÍCULOS Y SU POLÉMICA

En su Artículo 56, la propuesta de ley de biodiversidad, prohíbe el aprovechamiento con fines extractivos, de subsistencia o comercial, de solo 3 especies de tiburones y 2 especies de peces sierra, desprotegiendo a otras que están en peligro y se incluyen en el actual Artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, como mamíferos marinos y primates (60Bis), tortugas marinas (60Bis1), las aves de la familia de los Psitácidos (pericos y guacamayas) (60Bis2) y los manglares (60TER).

En los Artículos 40 y 42 de la iniciativa, se habla de recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Pese a que se consideran parte de la biodiversidad, su protección es débil porque abre la posibilidad de ser patentados, a lo que se suma la confidencialidad sobre convenios de bioprospección (exploración de propiedades con potencial comercial para la industria).

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