Con el propósito de cumplir con sus funciones de definir, ejecutar, coordinar, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) aprobó por unanimidad el Programa Institucional 2020-2024.
Durante la sesión desarrollada con respeto a las medidas sanitarias oficiales ante la pandemia, mediante una video-conferencia, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, informó que se ha dado seguimiento puntual a los procesos de consultas libres, previas e informadas sobre los proyectos estratégicos del Gobierno de México y recordó que el 6 de agosto en Vícam, Sonora, se instaló la comisión para el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui.
Señaló que para lograr el renacimiento y florecimiento de México, se deben honrar nuestras raíces y culturas milenarias. En nuestras raíces más profundas están los pueblos indígenas que constituyen la piedra angular de la naturaleza pluricultural del Estado Mexicano, aceptar esta realidad significa reconocernos como un país diverso y plural, semejante al arcoíris, en el que se abandona de una vez por todas, las ideas decimonónicas de negación y exclusión del otro, que dieron origen a las políticas integracionistas y asimilacioncitas del pasado, expresó.
“Con esta nueva visión de país, se reconoce en toda la extensión de la palabra a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, como sujetos de derecho público y su compleja capacidad para decidir libremente sus formas de gobierno y organización, así como su desarrollo integral y bienestar común, con respeto a sus culturas y el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales”.
El titular del INPI sostuvo que se ha dejado atrás el doloroso episodio en que los pueblos eran considerados como objetos, o en el mejor de los casos, sujetos pasivos de las políticas y acciones de gobierno, para dar paso a una nueva etapa en el que realmente se reconocen y respetan sus derechos fundamentales.
En este proceso de transformación nacional, los pueblos indígenas y afromexicano aportan la fuerza de su digna historia de resistencia, así como sus valores culturales y principios milenarios para cambiar radicalmente las estructuras políticas, jurídicas, económicas y sociales del país, para hacer realidad los anhelos de paz, justicia y democracia en la sociedad mexicana, destacó.
“Para lograr estos propósitos transformadores, el Gobierno de México está creando las condiciones necesarias para que las políticas públicas del Estado Mexicano se construyan e implementen en un marco de coordinación con los pueblos indígenas, a través del diálogo y el acuerdo con sus autoridades comunitarias y representantes, a fin de dar respuestas efectivas a sus legítimos planteamientos y aspiraciones de vida”, aseguró Regino Montes.
Añadió que se cumple a cabalidad el postulado del gobierno democrático que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que, por el bien de todos, primero los pobres, los más humildes, los olvidados, en especial, los pueblos indígenas que constituyen la verdad más íntima de la patria y representan un acto de fundamental importancia para alcanzar la justicia social que nunca han tenido en este país.
La sesión a distancia se llevó a cabo con la presencia del subsecretario de desarrollo democrático participación social y asuntos religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rabindranath Salazar Solorio y de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Víctor Suárez Carrera, así como la diputada federal Irma Juan Carlos, presidenta de la comisión de pueblos indígenas en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y representantes del Senado de la República.
Participaron también los subsecretarios de planeación y política ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de fiscalización y combate a la corrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Jorge Arturo Argueta Villamar y Roberto Salcedo Aquino, respectivamente, así como el encargado del despacho de la subsecretaría de integración y desarrollo del Sector Salud, Alejandro Vargas García, entre otros representantes de las diversas dependencias e instancias que conforman la Junta de Gobierno del INPI.
Al agradecer a las y los servidores públicos por su vocación a favor de los pueblos y comunidades, Regino Montes explicó que por requerimiento de ley se debe contar con un programa institucional 2020-2024, el cual contiene los objetivos, los postulados, las estrategias y las metas para cumplir con el trabajo en beneficio de los pueblos indígenas y afromexicano, el cual fue puesto a consideración y aprobado de forma unánime por el pleno de la Junta de Gobierno.
Los objetivos
Entre los objetivos de este Programa Institucional se encuentran promover la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, en particular el derecho a la libre determinación, de tierras, territorios y recursos, así como de participación y consulta, desde una perspectiva integral, intercultural y de género.
Del mismo modo, impulsar el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, tanto en el ámbito federal como estatal, en especial su carácter de sujetos de derecho público, además de contribuir al desarrollo integral y bienestar común, para fortalecer su economía, mejorar y ampliar su infraestructura y aprovechar sustentablemente sus tierras, territorios y recursos, en un marco de respeto a su autonomía y formas de organización.
Fortalecer el patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en particular la educación, la medicina tradicional, las lenguas indígenas, los medios de comunicación y sus expresiones artísticas y artesanales, es otro de los propósitos de este programa, además de promover la coordinación transversal los gobiernos federal, estatales y municipales, así como las autoridades comunitarias, para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas con pertinencia económica.
El documento avalado se formuló de conformidad con la Ley de Planeación y los criterios para elaborar, dictaminar, aprobar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo, emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y su diseño fue validado por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la citada dependencia.
Además, se encuentra alineado al eje de “Política social” del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, bajo el principio rector de “no dejar nadie atrás, no dejar a nadie fuera”, el cual establece textualmente:
“Somos y seremos respetuosos de los pueblos originarios, sus usos y costumbres y su derecho a la autodeterminación y a la preservación de sus territorios; propugnamos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la dignidad de los adultos mayores y el derecho de los jóvenes a tener un lugar en el mundo; rechazamos toda forma de discriminación por características físicas, posición social, escolaridad, religión, idioma, cultura, lugar de origen, preferencia política e ideológica, identidad de género, orientación y preferencia sexual.”
Y es que el Gobierno de México –encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador–, ofreció construir una nueva relación entre el Estado Mexicano y los pueblos indígenas y afromexicano, basada en el respeto de sus derechos y la coordinación para alcanzar mejores condiciones de vida y bienestar.
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