Ricardo Chávez y Alejandrina Chávez
Los gobernadores de los ocho pueblos yaquis denunciaron que la presencia del Presidente la República, en reciente visita a Sonora para inaugurar obras de carácter federal, bajita la mano vino a dar luz verde a la culminación del proyecto del Acueducto Independencia, sin considerar las órdenes de suspensión y desacato por parte del Octavo Distrito que ordenó parar la obra e, incluso, la discusión sobre el juicio político al gobernador del Estado que estaba por discutirse en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por no acatar las reiteradas resoluciones del Poder Judicial de la Federación para obedecer la orden de suspensión de la multicitada obra.
Demandas que los gobernadores de los ocho pueblos de la nación yaqui interpusieron dentro del marco jurídico constitucional en tiempo y forma con sus respectivas resoluciones de las autoridades judiciales, haciendo caso omiso las autoridades del gobierno del estado para su cumplimiento. Como quien dice ahora se hacen de la vista gorda. Al final del sexenio, la Presidencia de la República da luz verde a la conclusión del proyecto del Acueducto Independiente, haciendo valer más el poder político que el judicial; las posiciones políticas sobre el poder de la legislación constitucional, afectando a los derechos constitucionales individuales e ignorando el precepto jurídico de aplicar la ley en forma pronta y expedita. Ante estas circunstancias los gobernadores de los ocho pueblos yaquis señalan que defenderán sus derechos jurídicos y al agua porque para ellos y los pueblos de la nación yaqui son inanielables e imprescriptibles porque, además, sus derechos al 50% del agua disponible de la presa sigue siendo una demanda no resuelta, así como la suspensión de la construcción del acueducto, situación de conflictos legales que para ellos siguen siendo un obstáculo para el desarrollo económico social y cultural de la nación yaqui, más ahora que están padeciendo el abandono de los proyectos asistenciales e hidráulicos, ya que les falta infraestructura para el servicio de agua potable en sus ocho comunidades y rancherías, viéndose en la imperiosa necesidad de usar para su consumo doméstico y aseo personal de aguas residuales de drenes, charcos, lagunas y arroyos productos de desecho de riego, lluvias y de pozos contaminados de arsénico, que causan enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones con residuos de agroquímicos por el uso de aguas que, muchas de la veces, las comparten con los animales domésticos. Más que nunca necesitan la solución determinante de sus demandas de clausura definitiva del acueducto y la recuperación de sus derechos del agua de la presa El Novillo, además que se culmine con el procedimiento juicio político al gobernador del estado que se está jugando en la Comisión Permanente del Congreso del Unión, que todo lo hagan en base al principio jurídico de la aplicación de la ley en forma pronta y expedita y que sus derechos son inanielable e imprescriptibles.
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