El agua ha sido tratada como un bien político y mercantil por el actual gobierno federal en detrimento de los derechos humanos de los 20 millones de habitantes de la Cuenca del Valle de México y en favor de los interés de empresas inmobiliarias; al mismo tiempo las monumentales obras hidráulicas para surtir del líquido a la ciudad de México han despuntado por su inoperancia y por la opacidad en el manejo de los recursos económicos asignados a ellas.
Así lo establecieron en conferencia de prensa, Oscar Monroy Hermosillo, presidente de la Comisión de Cuenca Ríos Amecameca y La Compañía; Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación Sierra Nevada (PISN); Elena Burns, coordinadora del Plan Hídrico de la Cuenca Amecameca, La Compañía y Tláhuac Xico; y el abogado Rodolfo Herrera-Moro Saft, representante legal de damnificados por inundaciones.
Burns informó que hay constructoras de desarrollos habitacionales, “aquellas con la posibilidad de hacerlo”, que obtienen la concesión de uso urbano dando de alta pozos no existentes ante el Registro Público de Derechos de Agua, con tal de contar con supuestos volúmenes de líquido que garanticen la edificación de viviendas.
Los especialistas informaron que “en este sexenio la Conagua ha gastado, sin el proceso de planeación consensado con los ciudadanos y los tres órdenes de gobierno exigido por la Ley de Aguas Nacionales, 44 mil millones de pesos en obras hidráulicas mal concebidas, manejadas con opacidad, entre las que se encuentran el Emisor Oriente 19 mil millones de pesos y la planta de tratamiento Atotonilco otros 14 mil millones, las cuales sólo sirven para concentrar los preciados recursos en manos de empresas privadas.
Los ponentes sostuvieron que al tiempo que ocurre lo anterior se desestiman soluciones factibles y mucho más económicas, como la habilitación del Lago Tláhuac-Xico para proveer a la ciudad de aguas pluviales potabilizadas en sustitución de la sobrexplotación de mantos acuíferos. Proyecto que sólo requiere de una inversión del 10 por ciento del gasto total de Conagua en obras para este sexenio 44 mil millones de pesos.
La investigadora citó en particular los casos de seis concesiones “fantasma” en el Acuífero Chalco-Amecameca propiedad de Geo Edificaciones S.A. de C.V. (Casas Geo) y de Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V. (Casas ARA), cuyo uso de suelo era originalmente agrícola.
“En este momento la Ley de Aguas Nacionales permite que el agua sea manejada como negocio por un grupo muy ubicado, existe un autoritarismo del agua que sirve a intereses de particulares poniendo en riesgo el patrimonio y la seguridad de los habitantes de la Cuenca del Valle de México”, subrayó.
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