Luis E. Velasco Yépez/
Yolanda Gutiérrez
Por considerar que el predio “El Tucán” sí se encuentra en terrenos forestales, que la obra incide negativamente en área para la Conservación de Aves del corredor Cancún-Tulum y la región marina prioritaria denominada Punta Maroma –Nizuk, por carecer de autorización de Cambio de uso de Suelo Forestal y de estudio de Impacto Ambiental, devastar 149 hectáreas en zona de competencia federal, por incumplimiento de medidas correctivas y afectación ambiental por remoción de vegetación natural causada por obras de construcción, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró totalmente la edificación de Dragón Mart de Cancún, en Quintana Roo.
El anuncio que era largamente esperado, dado el clamor general de ONG, ambientalistas, académicos y legisladores, entre otros opositores, lo hizo el pasado 26 de enero, el titular de la Profepa, Guillermo Haro Bélchez, quien estuvo acompañado por el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez.
De acuerdo con los estudios y dictámenes realizados por la Profepa, el predio en cuestión sí está ubicado en un ecosistema costero donde se registra la presencia de vegetación de manglar conforme a los registros de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Por lo tanto, a criterio de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el proyecto que ocupa una superficie de 203.83 hectáreas en un terreno total de 561.37 hectáreas, donde se construirían 722 viviendas y 22 naves comerciales, con un total de 3 mil locales, requería autorización de Cambio de uso de Suelo Forestal y del estudio Impacto Ambiental.
De acuerdo con el procurador, el 12 de agosto pasado, Profepa impuso al proyecto Dragón Mart Cancún una multa en materia de Impacto Ambiental, por 7’233,675, al tiempo que ordenó someter a procedimiento de evaluación de impacto ambiental el proyecto y la restauración del sitio, para lo cual debía presentar un programa de restauración ecológica.
El 8 de septiembre del año pasado aplicó una multa adicional en materia forestal por 2’758,890, así como una compensación ambiental por un monto de inversión de 9’380,818.35 y una restauración por un monto de inversión de 2,508,243.15 .
Al mismo tiempo, se le ordenó tramitar y obtener la autorización de cambio de uso de suelo en una superficie de 203.93 hectáreas y la conservación total de 357.44 ha que no se encuentran afectadas y que pertenecen al predio, entre otras medidas de seguridad.
Por otra parte, según información presentada en 2012, de las 203.93 hectáreas devastadas, 149 hectáreas se localizan en zona competencia federal por lo que Profepa inició en 2013 las acciones para volver a verificar la necesidad del predio de contar o no con autorizaciones federales.
Haro Bélchez precisó que la Profepa impuso dicha medida de seguridad tras el sobreseimiento resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, el pasado 8 de enero, frente al recurso promovido por la empresa Real Estate Dragón Mart Cancún, S.A de C.V.
El 21 de enero de los corrientes, un Juzgado de Distrito emitió un acuerdo por medio del cual se ordenó archivar el juicio de amparo como concluido.
Así, con el objeto de garantizar que el proyecto desarrollado en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, cumpliera con sus obligaciones en materia ambiental federal, esta Procuraduría realizó diversas acciones que permitieron en tiempo y forma el derecho de audiencia del responsable de la construcción.
Así que la Profepa presentó denuncia penal con fecha 3 de octubre de 2014 ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente de la PGR, por los delitos contra la biodiversidad (destrucción de vegetación natural, cambio de uso de suelo, daño, desequedad y relleno de humedal), previstos y sancionados en los artículos 418 y 420 bis del Código Penal Federal.
El funcionario también señaló que se continúa coadyuvando con la Procuraduría General de la República (PGR) con aportación de elementos de convicción para la integración de la averiguación previa y eventual consignación de los presuntos responsables.
El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, aseveró que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto promueve inversión sustentable que beneficie a las generaciones presentes y futuras, que generen el desarrollo económico, trabajos bien remunerados, progreso a las comunidades y desde luego, respeto al Medio Ambiente.
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