Para ayudar a la eficiencia del sector social y generar condiciones de equidad para la población, es necesario que las políticas sociales implementadas por la federación se les otorgue una autonomía oficial, fue la propuesta emanada por senadores de Acción Nacional al presentar una iniciativa de reforma al artículo 26 de la Constitución para otorgar autonomía al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
La propuesta fue presentada por la senadora panista Adriana Dávila Fernández y el coordinador de la fracción del PAN, Ernesto Cordero Arroyo, y que fue signada por el total de los senadores del PAN, modifica la denominación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social por la de Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lo que implica cambiar el contenido del apartado B del artículo 26 de la Constitución.
“Esta iniciativa tiene por objeto dotar de autonomía constitucional al Coneval para que cuente con la independencia suficiente para cumplir con sus objetivos, convirtiéndose en una institución digna de credibilidad y rigor técnico, que contribuya a la mejora de la política de desarrollo social”, destacó la senadora.
Explicó que de concretarse esta reforma, la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será un organismo constitucional autónomo público, con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios.
Así mismo se busca que la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social le competa la evaluación de la política de desarrollo social a nivel federal, mediante la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.
Destacó que esta Comisión Nacional tendrá un Consejo Consultivo integrado por un presidente y nueve consejeros que deberán ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como de los ámbitos académico, profesional, científico y cultural, con experiencia mínima de diez años en el ámbito del desarrollo social y que no pertenezcan a algún partido político o hayan sido candidatos a ocupar un cargo público de elección popular.
Dávila Fernández indicó que en la propuesta se señala que las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos con autonomía constitucional para la evaluación de la política de desarrollo social estatal y municipal, los cuales harán la revisión periódica del cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de los programas de desarrollo social para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. De igual modo, afirmó que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales.
Actualmente, detalló la Senadora, el Coneval se encuentra subordinado al Ejecutivo federal porque su administrador y su órgano operativo, secretario ejecutivo, son nombrados por él. “Esto implica que están sujetos a las circunstancias políticas y voluntad del Presidente, careciendo de autonomía para sus decisiones y funciones”, subrayó.
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