La Asociación de Emprendedores de México (ASEM) en colaboración con Nauta, empresa de investigación latinoamericana, realizamos una encuesta con una muestra de 1,211 micro y pequeñas como medianas empresas (MIPYMES) mexicanas pertenecientes a diversos sectores, con el fin de conocer cómo las está afectando el COVID-19, destacando los siguientes resultados:
77% de las MIPYMES podrían dejar de operar en menos dos meses.
87% estima que perderán ventas, clientes y aprobación de nuevos trabajos.
31% tendrán dificultad para pagar sus préstamos o créditos.
40% tendrán dificultades para pagar impuestos.
25% se verán forzadas a despedir personal.
El sector que prevé tener mayor impacto en el corto plazo es el gastronómico, ya que el 89% de las empresas encuestadas en este sector podrían dejar de operar en los próximos dos meses.
Los emprendedores y MIPYMES son el principal empleador del país y un importante motor para la economía. Los efectos del COVID-19 agudizan desafíos con los que constantemente se enfrentan, como la falta de liquidez. Están comprometidos en buscar todos los mecanismos posibles para mantener su operación, siempre buscando preservar la plantilla de trabajo y contratos con proveedores. Para ello, y con base en los resultados de la encuesta, proponen las siguientes acciones a nivel Ejecutivo, Legislativo y la Iniciativa Privada.
Propuestas para el gobierno Ejecutivo:
Agilizar pagos pendientes a proveedores de los tres niveles de gobierno. La SHCP anunció un compromiso al respecto. Solicitando que se transparente el plan de acción, presupuesto disponible y datos para verificar el cumplimiento. Lo mismo solicitan a nivel estatal y municipal.
Anticipar pagos de nuevos proyectos durante al menos 3 meses, para no detener el consumo.
Generar líneas de crédito con cero interés para capital de trabajo de MIPYMES a través de NAFINSA y activar financiamientos a través de los fondos estatales.
Agilizar devolución de IVA.
Posponer, por al menos tres meses y diferir al mayor plazo posible (sin cobro de recargos), el pago de impuestos provisionales de ISR, impuesto sobre la nómina y aportaciones obrero-patronales (correspondientes a la pensión y al INFONAVIT, sin suspender la parte correspondiente al Seguro Social).
Suspender, por al menos tres meses, el pago de servicios básicos como agua y luz, y otorgar subsidios para arrendamiento. Especialmente para sectores de mayor afectación.
Propuestas para el Legislativo:
Agilizar los trabajos legislativos para hacer realidad la #LeyPago30Días. Se enfrentan todos los meses a falta de liquidez. Esta coyuntura solo la agudizó. Si cuenta con el pago de los proveedores (de gobierno y empresas) a tiempo y en plazos justos, podrá hacer frente a esta contingencia de mejor forma.
Aprobar cambios en Ley Federal De Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Ley Federal De Deuda Pública para contar con un fondo de emergencia que permita mitigar el impacto en la economía, la productividad, el consumo y el empleo.
Propuestas para la Iniciativa Privada (principalmente grandes empresas pertenecientes a sectores que no se hayan visto seriamente afectados e instituciones financieras):
Agilizar pagos pendientes a proveedores y anticipar pagos de nuevos proyectos durante un período de al menos 3 meses, para no detener el consumo.
Sumarse a las medidas de autorregulación de pago a proveedores en 30 días propuestas por la ASEM y el Centro de Competitividad de México (CCMX). Esto ayudará tanto para la contingencia como para la reactivación económica posterior.
Congelar cobro de créditos PYME por parte de instituciones financieras, por al menos 3 meses a partir del mes de abril, y diferir su pago al mayor plazo posible (sin cobro de intereses).
Generar productos financieros de crédito con plazos y condiciones especiales para los casos de mayor afectación.
En casos que lo ameriten, dar la posibilidad de reestructurar crédito PYME al mayor plazo posible.
En la medida de sus posibilidades, congelar el cobro de arrendamiento, a partir del mes de abril, y diferir su pago al mayor plazo posible (sin cobro de intereses). Especialmente para casos de mayor afectación.
Posponer por tres meses el pago de servicios básicos como teléfono, Internet y gas.
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