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LO COTIDIANO CON CLASE

PEPE CAMARA

Ante el fracaso de la alerta de violencia de género en la mayoría de la República Mexicana, se necesita  modificar este mecanismo para estar en condiciones de garantizar la integridad y libertad de las mujeres, fincando al  mismo tiempo, responsabilidades por omisión a autoridades que pongan en riesgo la vida de aquellas.

Lo anterior fue destacado por senadoras, especialistas y representantes de organizaciones civiles, durante la segunda jornada de las “Audiencias públicas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres en México”,  llevada a cabo en el Senado de la República.

La senadora presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, sostuvo: el propósito es que esta alerta funcione adecuadamente para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad de las mujeres.

Lamentablemente, “hemos descubierto que esta extraordinaria herramienta ha resultado un fracaso. Un fracaso legislativo y un fracaso en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y ha puesto en riesgo a muchas mujeres”.

En algunos estados, acotó, “ha tenido extraordinarios resultados. En otros, ha sido lento el proceso y en otros definitivamente ha sido un fracaso”.

Para el investigador Calos Javier Echarri Cánovas, es importante modificar dicho mecanismo, separar el monitoreo y evaluación de las obligaciones de actores gubernamentales, de acciones a realizar ante el incremento de feminicidios en territorios determinados.

Es imprescindible contar con sistemas de información “que brinden una base empírica para el trabajo de los sistemas estatales y nacionales de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género”: “ya es tiempo de fincar responsabilidades por omisiones que ponen en riesgo la vida de las mujeres”.

Del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, afirmó que la alerta de género no sólo sirve para generar acciones de carácter urgente, sino para corregir políticas públicas y marcos legales que son discriminatorios.

“Urge la evaluación de las 18 declaratorias de alerta de género; plantearnos cómo se está garantizando este mecanismo en la vida y seguridad de las mujeres”.

Martha Figueroa Mier, presidenta de la Colectiva Feminista Mujeres Libres, consideró que no sólo se tiene que sancionar a jueces y fiscales que no actúen conforme a sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que cuando se indague la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben actuar con perspectiva de género.

 

 

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