De las conclusiones emanadas en los trabajos del IV Foro de Presidentes de Parlamentos de Países Miembros del G20, donde se destacó que pese a los avances, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) que apunta que aún existen 870 millones de personas que padecen hambre en el mundo, es necesario el regular mercado a nivel mundial, a fin de sentar equidad en beneficio de las naciones más pobres.
Ya que la crisis económica se deriva en que la volatilidad en los precios de los productos básicos ponga en peligro la seguridad alimentaria de los pobres y en este sentido urge establecer medidas para asegurar la sustentabilidad de la producción agrícola y estabilizar los costos de los commodities.
En este contexto, la senadora María Lucero Saldaña propuso que, a favor del impulso de la productividad alimentaria en las diversas naciones, se incluya dentro del ordenamiento de los Legisladores del G20 el capítulo de gastronomía con perspectiva de fomento económico, y no sólo cultural.
Esto, argumentó, porque la seguridad alimentaria tiene que mover la conciencia de los legisladores para reflexionar que si bien esta es un derecho en el papel, debe darse en la realidad, «la hemos visto con un aspecto sólo social, cuando tiene que ver con producción, economía, con fomento económico, generación de empleos y la disminución de desigualdades».
Lucero Saldaña refirió que en México se han dado ya los primeros pasos en este sentido, a partir de la Cruzada Contra el Hambre, que en su primera fase se ha incluido el concepto transversal de «democratizar la productividad, para que ésta que no esté en unos cuantos -productores-, y que se corte la brecha de las desigualdades»; además de impulsarse la banca de desarrollo para dar acceso a proyectos productivos.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Mohamad Sohibul, coincidió en que la alteración de la oferta alimentaria puede afectar los esfuerzos globales para lograr la primera de las Metas del Milenio, que es aliviar la pobreza y el hambre en el mundo, debido a que «el incremento de precios aumenta el riesgo de hambruna entre los pobres, y por lo tanto la volatilidad de los precios alimentarios deben de ser adecuados para evitar la inestabilidad».
Ante ello, enfatizó, el G20 debe tomar medidas concretas, «diferentes asociaciones entre países desarrollados y en desarrollado deben fortalecerse, en especial en términos de mecanismos de financiamiento y para el desarrollo de los sectores agrícolas».
En ello coincidió Norma Amanda Abdala de Matarazzo, diputada de Argentina refrendó que una de las principales causas del hambre en el mundo es la existencia de un sistema de comercio internacional injusto y fuertemente distorsionado por políticas agrícolas proteccionistas, a partir de la cual los países desarrollados se benefician con la transferencia de recursos provenientes de las naciones de menor desarrollo.
Bajo este argumento, estableció que para combatir la inseguridad alimentaria es necesario que las naciones emprendan la regulación de mercados de capitales, junto con mayor inversión en tecnología y programas sociales que mejoren la productividad agrícola en las naciones.
En su turno, el senador canadiense Noël A. Kinsella advirtió que la producción global de alimentos se tendrá que incrementar 70 por cierto para el 2050, a fin de alimentar a lo que entonces será una población de más de nueve mil millones de personas en toda la tierra. Además, subrayó, los pequeños agricultores en países en vías de desarrollo tendrán que lidiar con la inestabilidad de los costos de los llamados commodities.
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