La organización ambientalista Greenpeace presentó un reporte en el que exhibe el ataque legal que la empresa Resolute Forest Products realiza contra quienes la critican, y con el cual la empresa trata de etiquetar el activismo como una actividad criminal.
En lugar de comprometerse con un manejo forestal sustentable y así crear puestos de trabajo, Resolute está tratando de desviar la atención lejos de sus actividades extractivas mediante demandas multimillonarias que tratan de intimidar a quienes la denuncian, como Greenpeace. De esta manera Resolute, la maderera más grande de Canadá, amenaza no solo a Greenpeace sino a la misma libertad de expresión, según se detalla en el reporte Corta de Raíz la Libertad de Expresión: Cómo Resolute Forests Products realiza acciones extremas para silenciar a sus críticos respecto a sus prácticas controversiales de tala de bosques.
Si Resolute gana, este caso podría sentar un antecedente peligroso susceptible de ser usado por las corporaciones para frenar a las organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos. Además alentaría a otras compañías alrededor del mundo a que usen tácticas similares en contra de sus propios críticos.
En comunicado de prensa, la directora ejecutiva de Greenpeace Internacional, Bunny McDiarmid, declaró que “Greenpeace se ha ganado el reconocimiento internacional como una organización independiente porque alzamos nuestras voces sin miedo. Y eso es velar por el interés público, no una actividad criminal. Las voces de las personas que nos apoyan no serán silenciadas porque una empresa maderera como Resolute quiere deforestar bosques intactos”.
En mayo de 2016 Resolute interpuso una demanda por 300 millones de dólares en contra de varias entidades de Greenpeace, Stand.earth y activistas individuales, acusándolos de extorsión. Previamente, la empresa presentó otra demanda por difamación por 7 millones de dólares contra Greenpeace Canadá y dos miembros de su personal en 2013, recurso que aún está en revisión. La compañía también ha usado estas tácticas en contra de otras organizaciones como la Rainforest Alliance, una auditora independiente en temas ambientales y de explotación forestal sustentable.
El informe de Greenpeace presentado este martes expone también que entre algunos de los clientes que compran papel a Resolute se encuentran algunas de las editoriales más importantes del mundo como Penguin Random House (que edita los sellos Aguilar, Alfaguara, Debate, Debolsillo, Grijalbo, Plaza & Janés y Taurus), HarperCollins, Simon & Schuster y Hachette (que edita a Larousse). Greenpeace invita a estas editoriales a que se unan para proteger la libertad de expresión y el derecho a la protesta cuando se trata de asuntos de interés público como la conservación de los bosques.
Si Resolute gana las demandas, no solo podría significar un mundo sin Greenpeace y sus 45 años de trabajo por el medioambiente, sino también un mundo en el que la libertad de expresión sea restringida para las organizaciones de la sociedad civil, los artistas, los periodistas y las editoriales. Resolute intenta etiquetar el activismo ambiental como una actividad criminal y sentar un precedente para silenciar el derecho al disenso alrededor del mundo. Pero la compañía maderera no tiene en cuenta a las millones de personas que hacen que el movimiento ambiental sea tan fuerte. Juntas, nuestras voces son vitales para proteger nuestros derechos, nuestras comunidades y el planeta”, concluyó Moas.
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