Un colectivo de diversas organizaciones civiles, agrarias y ambientales dieron a conocer que en octubre del año pasado, por primera vez en la lucha de las organizaciones civiles en contra del maíz transgénico, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal emitió una medida precautoria en la que ordena a la Sagarpa y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) suspender cualquier permiso experimental y frenar el procedimiento de liberación comercial para la siembra de este tipo de alimento.
Y pese a ello, la Semarnat y la Sagarpa han presentado querellas legales contra esta declaratoria en clara defensa de empresas como Monsanto, y de está forma volverse sus abogados oficiales en este caso para así conseguir no se tenga ningún resquicio legal que impida la siembra de organismos genéticamente modificados (OGM).
La resolución del juez se dio como respuesta a una demanda colectiva que interpusieron activistas como el Padre Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Adelita San Vicente, entre otros, y dejó sin efecto 43 permisos experimentales que se otorgaron desde 2011 en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.
La medida precautoria se basó en el riesgo de daño al medio ambiente e impide a empresas trasnacionales como Monsanto y Pioneer –entre otras–, liberar maíces transgénicos en el campo mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, dijo René Sánchez Galindo, representante legal de los demandantes en esa ocasión.
El abogado explicó que en el país existen tres tipo de permisos para sembrar maíz transgénico: experimentales, piloto y el comercial que está en proceso de liberación. Sánchez Galindo detalló que una de las razones que tomó en cuenta el juez para dictar la medida, fue que se recabaron pruebas de que en el maíz transgénico, sujeto solo a cierto número de hectáreas restringidas, contaminó los sembradíos de otros campesinos.
En comunicado de prensa, el legista dijo que “El juicio puede durar de un año a tres años, no tienen plazo el juicio, pero durante este tiempo ya no habrá siembra de transgénicos y se detiene la autorización para hacerlo de manera comercia. Los científicos aseguran con pruebas que es imposible la convivencia con el maíz transgénico con el nativo”.
El abogado indicó que de aprobarse la liberación comercial, impulsada por las grandes empresas productoras de maíz, los campesinos mexicanos perderían la propiedad sobre su semilla por la facilidad de contaminación por polinización.
Por su parte, Adelita San Vicente Tello, representante del movimiento añadió que “si se permitiera la siembra indiscriminada de maíz transgénico, todas las mexicanas y mexicanos seríamos afectados pues cada día se revelan nuevas las investigaciones que demuestran el daño a la salud causado por los transgénicos”.
Dijo que aún falta mucho por hacer y decir en este proceso ya que está en proceso una solicitud para sembrar comercialmente 11 millones de hectáreas de transgénico y que existe un permiso en proceso para sembrar 250 mil hectáreas de soya transgénica.
Recalcó que el problema final y más grave es que con los OGM “el campesino dejaría de ser dueño de sus semillas. Las empresas van a patentar las plantas y después habrá que pagarles regalías, porque el polen no es estático”.
Otro ejemplo de amparo contra los OGM a favor de la sociedad civil, expuso Luis Arturo Carillo, del Colectivo sin Transgénicos es que en Campeche se ganaron dos amparos en contra de 14 mil hectáreas de soya transgénica sembrada por la comunidad menonita que habita en la región.
Sin embargo, aunque se prohibió la siembra del maíz para la cosecha actual, por la temporada de lluvias, los agricultores no pudieron eliminar los rastros de la semilla transgénica de la tierra, por lo que crecieron flores y se contaminó la miel de abeja que producen alrededor de 20,000 apicultores.
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