En Ambiente

Greenpeace demanda un Plan Nacional de Desarrollo social y ambientalmente justo

Greenpeace presentó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador su Propuesta para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en el marco de la consulta ciudadana para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que cierra este 15 de abril de 2019.

Ante el reto de la humanidad de mantener el límite del calentamiento global en 1.5ºC, la política energética del mandatario suena anacrónica. Apostar por el anclaje del sector energético en combustibles fósiles alejará al país del cumplimiento de su compromiso con el Acuerdo de París de reducción de sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en 25 por ciento para 2030. Las emisiones antropogénicas GEI son las principales responsables del problema, siendo la quema de combustibles fósiles el principal contribuidor a nivel global. México es el décimo segundo país con más emisiones a nivel mundial ya que aporta 1.4 por ciento de las emisiones globales. En el país, el transporte es el sector que más GEI emite con el 26.2 por ciento, seguido por la generación eléctrica con el 19 por ciento.

En ese sentido el gobierno debe enfocarse en la búsqueda de alternativas de movilidad y en la generación de electricidad a partir de fuentes renovables. Es un error basar el fortalecimiento de la seguridad energética del país en el aumento en la producción de petróleo, en la inversión en el mercado de los petroquímicos a través de refinerías, el fracking y en la reactivación de las plantas termoeléctricas (altamente dependientes de gas natural y de combustóleo) como una alternativa a la producción de electricidad. Esto genera un ciclo de procesos altamente contaminantes que siguen fomentando el consumo de energía sucia y  agudizan el cambio climático.

“Los desarrollos de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos humanos. El Plan Nacional de Desarrollo debe inexorablemente reflejar una política medioambiental y de combate al cambio climático de manera transversal a la política energética, agrícola y pesquera y de salud; e indudablemente anteponer los intereses de la población a los intereses de las industrias en cuestión”, declaró Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México.

La reducción presupuestal para mitigación y adaptación al cambio climático en un 36% respecto al 2018 plantea un serio reto. México es considerado uno de los 12 países megadiversos del mundo pero al mismo tiempo ocupa el décimo segundo lugar entre los países con más emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los rubros que más emisiones generan son el consumo de combustibles fósiles (64%); la producción pecuaria (10%); procesos industriales (8%); manejo de residuos (7%); emisiones fugitivas por extracción de petróleo, gas y minerías (6%), y actividades agrícolas (5%) (3).

En consecuencia las soluciones planteadas por el gobierno deben ir asociadas a la movilidad, la calidad del aire, la producción de alimentos, la gestión de residuos, y la conservación de los océanos y la biodiversidad.

En materia de movilidad debe enfocar esfuerzos en desarrollar e implementar un nuevo modelo que quite del centro del diseño a los automóviles, desarrolle un esquema de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, ponga énfasis en el transporte público, particularmente al eléctrico, y genere modelos urbanos que premien la movilidad no motorizada.

En materia agroalimentaria es fundamental un cambio de paradigma en la política poniendo en el centro a la agricultura ecológica, sin agrotóxicos y sin transgénicos. En consecuencia con la decisión política del titular del Ejecutivo federal de no permitir la introducción y uso de semillas transgénicas en nuestro país y establecer una protección efectiva de los maíces nativos, es necesario trabajar en las determinaciones jurídicas que conduzcan a la prohibición de la importación, siembra, uso, manejo, transporte, almacenamiento, y comercialización de los organismos genéticamente modificados (OGM). También es urgente la modificación del marco regulatorio que permite la contaminación de recursos hídricos, tanto por prácticas ganaderas como por la aplicación de sustancias altamente peligrosas, como es el caso de 140 plaguicidas que siguen autorizados en el catálogo de COFEPRIS (4) a pesar de sus afectaciones a la salud de las personas y el medio ambiente.

En materia de Biodiversidad, es inaplazable: un plan de acción para acabar con la impunidad que se vive en la zona del Alto Golfo que alberga a la vaquita marina, una de las principales promesas de su gobierno para garantizar la supervivencia del endémico cetáceo mexicano; para generar oportunidades de desarrollo pesquero para pobladores de la zona sin descuidar la máxima protección que necesita la vaquita marina, ya que la solución debe ser integral y con la población local y no en su contra; una reforma que establezca dentro de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos responsabilidades y sanciones claras extendidas a productores; y un plan de acción para la reducción de residuos (basura cero) para frenar el impacto que estos tienen dentro de la biodiversidad marina.

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