Ante las graves repercusiones ambientales y de salud pública de la política energética del actual gobierno, basada en la quema de combustibles fósiles, la ciudadanía en diversos puntos de la República acudió ante la justicia federal, para defender sus derechos y su acceso a energías renovables con respeto a los derechos humanos de personas y comunidades y así garantizar la sustentabilidad a mediano y largo plazo.
En videoconferencia de prensa conjunta, moderada por Mario Sánchez Castro, director regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), oficina Noroeste, representantes de diversas organizaciones, coincidieron en la necesidad de defender los derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales vinculantes en la protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático, imposibles de cumplir si sigue con el actual modelo.
Jaqueline Valenzuela Meza, directora del Centro de Energías Renovables y Calidad del Ambiental (CERCA), explicó que con su acompañamiento, ciudadanos de los cuatro municipios de Baja California Sur, presentaron el amparo 497/2020 ante el juez Tercero de Distrito con sede en La Paz, Jorge Alberto Camacho Pérez, contra la Instalación de Unidades Móviles Eléctricas en la Central de Combustión Interna (CCI) de la entidad y turbinas aeroderivadas; la construcción de una Central de Ciclo Combinado en 2021 y la unidad Baja California Sur VI para el año 2022, así como el uso de recursos públicos para infraestructura eléctrica, que omite el empleo de energías renovables.
El amparo ya fue admitido y está en espera de resolución. Confiamos en que el juzgado conceda una suspensión definitiva contra el abuso del empleo de fuentes fósiles de energía.
“Desde 2016, Baja California Sur fue privado de los beneficios de la generación distribuida. Contamos con un parque de generación obsoleto basado en el uso de combustóleo alto en azufre, que produce mucha contaminación, altos costos en salud y afectaciones graves a los ecosistemas de la región. Pagamos la tarifa eléctrica más cara del país, pero no tenemos garantía de suministro. De hecho, en 2019, hasta el 90% de los usuarios de un municipio se quedaron sin electricidad, debido a los apagones. Por eso, la ciudadanía exige soluciones integrales y acertadas”, advirtió Jaqueline Valenzuela.
Luis González Lozano, director de Cambio de Ruta, organización ambientalista radicada en San Luis Potosí (SLP), explicó que ellos acompañaron a varios ciudadanos a presentar amparos en 24 Estados de la República para exigir la protección al derecho humano al medio ambiente sano, con el juicio número 270/2020, como eje de todas las demandas contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado por la Secretaría de Energía el pasado 15 de mayo.
Éste se presentó ante juzgados federales de SLP pero fue remitido al Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro con sede en la Ciudad de México. Hasta ahora 4 procedimientos de amparo han sido admitidos.
Además en el juicio número 373/2020, iniciado en Guanajuato y declinado al Juez Primero de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Rodrigo de la Peza López Figueroa, con sede en la Ciudad de México, ordenó la suspensión provisional de todos los efectos y consecuencias derivados del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, del 20 de abril 2020 así como su Anexo único; y, del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020.
“Llamamos a la estrategia el Amparo versus el Cambio Climático, porque no sólo impugna el Acuerdo que obstaculiza las energías renovables, sino reclama al gobierno su omisión de combatir el cambio climático y la ausencia de políticas públicas efectivas, así como el concepto de gozar de un planeta sano, lo que permite entender al mundo como el ecosistema que es; exigir el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México como el Acuerdo de París y presionar para que se declare emergencia climática. En resumen pedimos la justiciabilidad del sistema de normas de cambio climático”, advirtió Luis González Lozano.
Luis Miguel Cano, consultor legal de Greenpeace México, explicó que la organización obtuvo recientemente en el juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, la suspensión definitiva en el amparo 372/2020, contra el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (Prosener), por considerar que esta política apuesta el desarrollo nacional al empleo de combustibles fósiles, desvía recursos públicos que deberían atender el cambio climático, condiciona la transición energética y el uso de energías renovables, y omite acciones para tener acceso a ellas, tanto por la falta de impulso a proyectos de generación eléctrica que las aprovechen, como por la ausencia de proyectos de generación distribuida.
“Una de las razones para cuestionar el Prosener, fundamento de la política energética de este gobierno, es asegurar que esa política pública sea respetuosa de los derechos humanos y especialmente comprometida con las nuevas generaciones, no solo el reflejo de la visión presidencial del sexenio”, explicó Luis Miguel Cano.
Estos juicios, complementan la estrategia iniciada con amparos presentados antes por Greenpeace y CEMDA contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía y la Política de generación de energía eléctrica de la Sener, que han obtenido ya suspensiones definitivas y tienen por objetivo el cumplimiento de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que México asumió como país firmante de los Acuerdos de París y una transición energética justa, basada en fuentes renovables, respetuosa de los derechos humanos y los ecosistemas, que priorice los proyectos descentralizados de generación distribuida donde las comunidades, urbanas y rurales sean quienes generen su propia energía, que combata la desigualdad en acceso a la energía y disminuya los impactos ambientales y de salud del modelo basado en combustibles fósiles
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