La CNC sostuvo que defenderá los derechos laborales de más de 3.5 millones de jornaleros agrícolas, cuyas garantías individuales son violadas por empleadores y empresas productivas de frutales, hortalizas y legumbres, destinadas al mercado nacional y de exportación.
Su dirigente, senador Manuel Cota Jiménez, señaló que el Senado de la República y, en particular el grupo parlamentario del PRI, aprobó un punto de acuerdo que exhorta al gobierno y a la Procuraduría de Justicia de Baja California a emprender una investigación exhaustiva sobre las condiciones laborales de 50 mil jornaleros que son explotados en campos agrícolas.
También para que se apliquen medidas de respeto a los derechos humanos y a la justicia laboral, a fin de procurar condiciones de vida dignas.
Tal reacción cenecista es tardía y sólo responde a cuestiones políticas, al igual que otros discursos y pronunciamientos.
La CNC cuenta, entre sus muchas carteras, con la Secretaría de Jornaleros Agrícolas y Sindicatos Campesinos que, durante años, encabezó Trinidad Sánchez Leyva, recientemente fallecido.
El problema de los jornaleros agrícolas es ya añejo y ha sido manoseado por líderes político-agrarias desde hace décadas, sin que haya una solución.
También la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac), al mando del zacatecano Federico Ovalle, ha tratado de hallar solución, pero para esta organización es más rentable proteger indígenas que solucionar problemas de jornaleros agrícolas.
De acuerdo con informes de la organización “Migrantes Somos y en el Camino Andamos”, hay 3.5 millones de migrantes en el país, en su mayoría indígenas, procedentes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, que prestan servicios de siembra, cuidado sanitario de los cultivos, cosecha y transporte, en particular de Sinaloa, Nayarit, Colima, Sonora, Baja California Sur y Baja California.
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